Por: Carlos Aranda
En un contexto donde la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales exige un giro de timón fundamental, la transparencia y el rigor técnico deben extenderse a cada nivel de gobierno. Los gobiernos subnacionales ya no pueden ser ajenos a la urgencia de racionalizar el gasto y fortalecer sus ingresos. Precisamente en este marco se inscribe la reciente iniciativa del Observatorio de Presupuesto Fiscal (OPF) para los municipios de Santa Cruz.
El análisis preliminar revela una fragilidad sistémica en la estructura de ingresos de los municipios cruceños. Más del 75% de los municipios del departamento mantienen una dependencia operativa de las transferencias del Nivel Central del Estado, principalmente por concepto de IDH y Coparticipación Tributaria. Este modelo fiscal es inherentemente riesgoso, pues ata la capacidad de gasto local a la producción de hidrocarburos y al dinamismo de la economía nacional, ambos sectores bajo presión. Con la contracción del sector hidrocarburífero y el estancamiento económico previsto por las necesarias políticas de ajuste de los siguientes años, la base de ingresos de estos municipios se reduce dramáticamente.
Esta dependencia se agrava por la baja autonomía recaudatoria. Los datos indican que solo el 8% de los municipios consigue generar el 30% o más de sus ingresos a partir de recursos propios (impuestos, tasas y patentes locales). Esta cifra es crítica. Un municipio que no logra financiar ni siquiera un tercio de sus gastos con recursos propios opera sin un colchón financiero significativo, quedando sujeto a las fluctuaciones de la caja del Tesoro General de la Nación. La sostenibilidad financiera en estas condiciones demanda no solo una racionalización del gasto, sino una reforma en la gestión de ingresos propios que les permita realmente ejercer su autonomía fiscal.
El municipio de Santa Cruz de la Sierra, siendo el motor económico del departamento, presenta un caso que concentra y magnifica estas deficiencias fiscales. El análisis de su situación entre 2014 y la proyección a 2024 muestra la consolidación de un profundo desequilibrio fiscal que exigirá un ajuste técnico y político.
El periodo 2021-2024 ilustra la divergencia crítica entre las principales variables fiscales:
Crecimiento del Gasto Corriente Rígido: El Gasto Corriente y de Capital proyecta un pico de Bs 3.486 millones en 2024. Es fundamental entender que este aumento sostenido no está impulsado principalmente por la inversión productiva (Gasto de Capital), sino por el incremento del Gasto Corriente (salarios, burocracia, y gastos operativos fijos). Este tipo de gasto es estructuralmente rígido: una vez creado, es difícil de reducir sin generar costos políticos o sociales. La administración municipal ha creado una estructura operativa costosa que excede su capacidad de ingreso.
Estancamiento y Contracción de Ingresos Estructurales: Los Ingresos Corrientes y de Capital, en contraste, se estancan y caen a Bs 2.674 millones en 2024. El problema es doble: la caída de las transferencias por la crisis del IDH se combina con una insuficiencia en la recaudación propia. Esto significa que el municipio gasta con una inercia expansiva, mientras que su base de ingresos se contrae o, al menos, no crece al mismo ritmo.
El desajuste crónico entre gastos e ingresos se traduce en un Déficit Fiscal de -813 millones de bolivianos en 2024. Para cubrir esta brecha y mantener la operación, la alcaldía ha recurrido al endeudamiento.
El Endeudamiento (que alcanza Bs 1.389 millones en 2024) se genera, según las Fuentes Financieras, por un crecimiento explosivo de las Deudas por Pagar (proyectadas en Bs 907 millones de aumento en 2024).
Esta deuda, conocida en la jerga como deuda flotante, representa las obligaciones de corto plazo con proveedores, contratistas y constructoras que la alcaldía no está pagando a tiempo. Su rápido aumento es el indicador más claro de iliquidez y de una gestión de flujo de caja deficiente. Es decir, el municipio está financiando su operación cotidiana con créditos forzosos a corto plazo de la economía local. El endeudamiento total en 2024 se acerca al 30% de los ingresos estructurales, una cifra que incrementa significativamente el riesgo fiscal y la vulnerabilidad ante shocks externos.
La situación se vuelve más compleja al analizar la gestión de la deuda. Aunque la alcaldía destina Bs 579 millones a la Amortización de Deuda (un recurso que ya no puede ser usado en provisión de servicios públicos o en construcción de infraestructura valiosa), el elevado desequilibrio obliga a contraer aún más deuda. El Saldo de la Cuenta Financiera se mantiene positivo y creciente, lo que significa que, anualmente, el stock de deuda pública sigue acumulándose.
Este proceso tiene implicaciones intertemporales directas: los recursos que deberían estar destinados a la inversión de la próxima gestión o a mejoras de largo plazo en los servicios son desviados forzosamente para cubrir compromisos del pasado. El municipio está operando bajo un modelo fiscal insostenible, donde el gasto corriente se financia con deuda, hipotecando las finanzas futuras. Se requiere urgentemente un programa de contención del gasto corriente y una reforma en el sistema de adquisiciones para restablecer la disciplina fiscal.
¿Más gasto, mejores servicios?
El diagnóstico es claro: Santa Cruz de la Sierra, al igual que gran parte del departamento, enfrenta un ajuste fiscal inevitable. La pregunta central que debe orientar el debate público, ahora con la evidencia del OPF, es: ¿Se ha incurrido en este desajuste fiscal (el aumento del gasto corriente, la deuda flotante) para garantizar una mejora sustantiva y sostenible en la calidad de los servicios públicos, o es el resultado de una gestión ineficiente de recursos?
Si el desequilibrio fuese el precio de haber completado grandes obras de inversión (Gasto de Capital) o de haber mejorado radicalmente la calidad de la educación o la salud, el debate sería sobre cómo financiar el crecimiento. Sin embargo, los datos sugieren que el problema reside en el gasto corriente inercial, es decir, en el costo operativo de la administración y de los favores políticos que se pagan vía el presupuesto público.
CIFRAS DEL TEMA
8%
De los municipios consiguen generar el 30% o más de sus ingresos a partir de recursos propios
1.389
Millones de bolivianos, es la deuda que tiene el municipio de Santa Cruz, durante la gestión de 2024