El tramo 2 de la carretera Buena Vista- Las Cruces frena el consenso entre la Gobernación cruceña y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre la construcción de esa ruta. La Gobernación sostiene que ese tramo pasa por acuíferos, por lo que la provisión del agua para las siguientes décadas en el departamento está en riesgo; en tanto que la ABC afirma que no existe afectación. La tarde de este lunes, representantes de ambas instituciones, además de autoridades de los municipios que resultarán beneficiados por el proyecto carretero, y los delegados del comité pro camino, se reunieron en la capital cruceña. Antes de finalizar la reunión, estos últimos se retiraron. Fernando Vásquez, su representante,indicó a Unitel que los bloqueos en Buena Vista y en La Guardia continuarán; anunció que se incorporará un nuevo corte, en la vía a Camiri. Mientras los aspectos técnicos son discutidos por estas instituciones, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, agrega el componente económico. Exige que el gobernador, Luis Fernando Camacho, firme el convenio intergubernativo, que ratifica la construcción de esa carretera, de manera de cumplir con CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antiguamente como Corporación Andina de Fomento-, que es el ente financiador. “El convenio intergubernativo tiene que ratificar y, obviamente, los recursos económicos ya los tenemos aquí, en Bolivia. Nosotros estamos pagando intereses desde el 2018, por esta carretera”, sostuvo Montaño. Luego se refirió a los montos. “Esta carretera tiene una longitud de 80 km. El costo es de $us 212millones y, obviamente, ahí nosotros ponemos la mayor cantidad de los recursos, $us 142 millones y la Gobernación cruceña $us 70 millones”, detalló. Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación insiste en que el tramo 2 es riesgoso para la provisión de agua, pero que ello no significa que estén en contra del proyecto. “La Gobernación quiere la carretera, quiere el progreso para Santa Cruz; pero también hay que dejar claro que el tramo 2 pasa por media UCPN (Unidad de Conservación de Patrimonio Natural Güendá-Urubó), que pone en riesgo a los acuíferos subterráneos que tenemos. (…) En un par de décadas, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener agua para consumir, entonces tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser realistas de que en este momento no podemos dañar más el medioambiente de lo que ya está”, sostuvo Landívar. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, regional Santa Cruz, coincide, y a través de su presidente, Jorge Franco, manifiesta que debe evitarse ese impacto ambiental al área de recarga de los acuíferos. Además, hace hincapié en que los asentamientos humanos y la deforestación -como efectos secundarios de la construcción de la carretera- deben tomarse en cuenta para prevenirlos. En ese sentido, Franco sugirió a la Asamblea Legislativa Departamental que promulgue una ley de ordenamiento territorial que controle los asentamientos humanos en la zona. Lamentó que la ABC no se hubiera reunido con la SIB, pese a las múltiples invitaciones cursadas. Franco ofreció a la SIB para oficiar como mediadores en la resolución de este empantanamiento, pues reconoce la importancia del proyecto carretero, que unirá las rutas 9 (que va hacia Argentina) y 4 (hacia Cochabamba). Entre tanto, según Marco Ortiz, gerente nacional técnico de la ABC, afirmó: “La Gobernación interpone obstáculos para la realización de la carretera”. Manifestó que su institución cuenta con estudios hidrogeológicos y licencias ambientales, que demuestran que la construcción de la carretera es “viable”. El técnico ambiental René Bascopé indicó que la ruta no la propuso la ABC, sino la misma Gobernación, en 2016 y que en 2017 se gestionaron las licencias ambientales correspondientes. “En el Estudio hidrogeológico la afectación que existirá en los acuíferos es nula. La carretera es una superficie impermeable, con obras de drenaje que impiden que se altere el curso del agua (…) Como ABC estamos descartando cualquier afectación a los acuíferos subterráneos que pudieran existir debajo de la zona demarcada por la Gobernación de Santa Cruz”, afirmó Bascopé. Además, exigió a la Gobernación que presente el respaldo técnico y plan de manejo de la UCPN Güendá -Urubó.
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