Desde este martes 15 hasta el viernes 18 de octubre, Samaipata será sede de la Reunión Nacional de Gestores de Sitios Patrimonio de la Humanidad en Bolivia.
El evento, organizado por el Ministerio de Culturas y la Alcaldía de Samaipata, reunirá a autoridades, directivos y guardaparques para debatir sobre la preservación de los sitios patrimoniales. Sin embargo, la situación del Fuerte de Samaipata refleja los problemas que atraviesan varios patrimonios del país.
A pesar de su importancia cultural, el Fuerte no cuenta con derecho propietario registrado. En 2017, la Gobernación de Santa Cruz denunció que el INRA entregó terrenos pertenecientes al sitio arqueológico a particulares.
Esta situación provocó conflictos y dejó en evidencia que el sitio carece de documentos legales, pese a haber sido declarado Monumento Nacional en 1974 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998.
Las autoridades no han gestionado la documentación necesaria para regularizar los terrenos. Actualmente, al menos cuatro propietarios aseguran que sus predios se sobreponen al área protegida. Esta falta de control pone en riesgo la conservación del sitio y su estatus como patrimonio mundial, alertan los expertos.
Samaipata recibe más de 72.000 visitantes al año y genera unos 1.5 millones de bolivianos en ingresos. Sin embargo, los recursos, administrados por la Alcaldía, no se destinan de manera efectiva a la conservación del Fuerte.
Las obras recientes solo han intervenido en los muros incaicos y coloniales, mientras la piedra principal permanece sin mantenimiento adecuado.
El Fuerte también enfrenta problemas por intervenciones inadecuadas. Se han utilizado materiales y colores que alteran la autenticidad del sitio, creando lo que los expertos denominan un "falso histórico. Además, no existe un Plan de Manejo actualizado ni un Plan de Conservación aprobado por la UNESCO.
Esta problemática también afecta a otros sitios importantes del país, como Tiwanaku, Incallajta y la Isla del Sol, que tampoco cuentan con planes de manejo actualizados ni protección legal.