Ante el incremento de los avasallamientos de tierras en Santa Cruz —que superan los 300 predios tomados ilegalmente, según datos de sectores productivos y la Fiscalía— el Gobierno con apoyo de otros órganos del Estado activó un plan interinstitucional para ejecutar desalojos, frenar el tráfico de tierras y restablecer la seguridad jurídica en el departamento.
La hoja de ruta fue abordada en una reunión de coordinación realizada en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, liderada por el presidente Rodrigo Paz, con la participación de autoridades del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana, Gobierno departamental y representantes del sector productivo.
El encuentro se realizó un día después de que el Ejecutivo anunciara una investigación al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ante evidencias que motivaron denuncias de tráfico de tierras, y tras el hecho que encendió la indignación ciudadana: La brutal golpiza a un indígena chiquitano de la tercera edad en San José de Chiquitos, atribuida a grupos de avasalladores.
Desalojos
En representación del Órgano Judicial, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, comprometió la coordinación directa con el Ministerio Público y la Policía para ejecutar sin dilaciones las órdenes judiciales de desalojo.
“La recuperación de tierras debe ser efectiva. La normativa vigente no es una sugerencia, es un mandato”, afirmó Ruiz y detalló que el plan se sostiene en cuatro pilares. Por una parte un análisis técnico-jurídico de los predios afectados, mecanismos operativos y legales claros, fortalecimiento institucional y ajustes de las regulaciones sobre la tierra.
La magistrada subrayó que las acciones se ejecutarán respetando el debido proceso y el Estado de derecho, para garantizar soluciones sostenibles y definitivas. “No queremos retroceder en el Estado de derecho. La justicia boliviana está para devolver certidumbre a los productores y tranquilidad a la familia boliviana”, señaló la magistrada.
“No será casa de maleantes”
En este escenario, el presidente Rodrigo Paz lanzó una advertencia directa a las mafias que trafican tierras y operan —dijo— “al amparo de la corrupción”.
“Este es un año de ordenar la casa. Y esa casa, la patria, no puede seguir siendo de la corrupción ni de los maleantes que han causado tanto daño a la familia boliviana”, afirmó. Además, calificó la reunión de un acto fundacional para recuperar un Estado que describió como “tranca y profundamente corrupto”.
El mandatario sostuvo que el tráfico de tierras ya no solo implica coimas o favores ilegales, sino violencia física, humillación institucional y ataques a la prensa. “La corrupción ha llegado a niveles de agresión. Es eliminar al prójimo”, advirtió el mandatario.
Paz aseguró que el Estado está presente en Santa Cruz con la institucionalidad del Ejecutivo, desde la Policía hasta la Fiscalía, para acompañar los operativos y garantizar que la ley se cumpla.
Desalojos
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que ya se cuenta con un plan estratégico de desalojo que será ejecutado en las próximas horas con apoyo del Gobierno, la Policía, el Ministerio Público y la justicia.
“Se acabó el ciclo de los avasallamientos. Se acabó el tiempo de la impunidad”, afirmó Camacho, quien señaló que el plan contempla al menos 300 predios avasallados y otorgará un plazo de 24 horas para que los ocupantes ilegales abandonen los terrenos antes de los operativos.
El gobernador remarcó que estas acciones buscan proteger la propiedad privada, a las comunidades indígenas y a las áreas protegidas, y recordó que los avasallamientos han derivado en violencia, secuestros de policías y agresiones a periodistas.
Sector productivo
Desde el sector productivo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que los avasallamientos no responden a conflictos sociales, sino a intereses vinculados al tráfico ilegal de tierras.
“Sin respeto a la propiedad y al trabajo no hay inversión ni empleo. No se negocia con delincuentes”, sostuvo, al exigir que se ejecuten las órdenes de aprehensión y desalojo ya emitidas y se depure el INRA para que funcione como una institución técnica y no política.
Según datos de la CAO, 331 predios fueron avasallados en el país, muchos de ellos en Santa Cruz, afectando la producción agropecuaria que genera más de 1,6 millones de empleos y abastece de alimentos a gran parte del país.
El INRA en el punto de mira
Un día antes de la reunión, organizaciones indígenas de la nación Chiquitana y la Cidob exigieron la depuración e institucionalización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Denunciaron la presunta protección a grupos de avasalladores y la entrega irregular de resoluciones de tierras durante gobiernos anteriores.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, anunció el cambio de autoridades del INRA en Santa Cruz y una auditoría a los títulos entregados, tras detectar irregularidades como duplicación de títulos y tráfico de tierras.
“Hemos llegado a un acuerdo con todos. El acuerdo es primero: cambiar a todas las autoridades del INRA en Santa Cruz, y el segundo punto es generar un proceso de auditoría y de evaluación de los títulos que se han entregado”, indicó Barrientos a la prensa.
“Dentro de las irregularidades que hemos detectado en el INRA tenemos tráfico de tierras y duplicación de títulos”, afirmó Barrientos y agregó que en el tema de las denuncias por avasallamientos no se pudo avanzar en las pesquisas “por falta de recursos”.
El ataque al cacique chiquitano Ricardo Peña, considerado por líderes indígenas como un intento de asesinato, aceleró la respuesta estatal y elevó la presión social para que el plan anunciado pase del discurso a la ejecución inmediata Camacho no dio mayores detalles por motivos de seguridad.