La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a través del fiscal anticorrupción Gustavo Adolfo Ríos, emitió un requerimiento para convocar a declarar al concejal Miguel Fernández Rea, hijo del alcalde Johnny Fernández, en el marco de las investigaciones por el caso de la baja irregular de impuestos en favor de contribuyentes, a cambio de pagos ilícitos, dentro de la Alcaldía cruceña.
La pesquisa es impulsada por el Ministerio Público en coordinación con la unidad anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tras la denuncia presentada por la empresa avícola Bony SRL, que asegura haber entregado al menos 90.000 bolivianos a funcionarios ediles para lograr rebajas en el pago de impuestos de 12 vehículos y cuatro inmuebles.
Según el fiscal Ríos, la investigación se encuentra en etapa preparatoria y busca establecer la existencia de una red de corrupción dentro de la Secretaría Municipal de Recaudaciones y el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), donde se habrían registrado manipulaciones informáticas, cobros indebidos y tráfico de influencias.
Como parte del proceso, el fiscal solicitó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de la funcionaria Y.C.J., acusada de recibir dinero y distribuirlo entre otros servidores públicos para viabilizar la baja de impuestos. En su imputación, Ríos fundamenta que se deben identificar a más autores, cómplices y encubridores, citando específicamente al concejal Miguel Fernández Rea, a su supuesto nexo, el funcionario municipal de apellido Durán, y a otros miembros del gobierno municipal.
El fiscal también pidió pericias informáticas, como una auditoría forense, para establecer el daño económico al Estado, además de una inspección ocular en las oficinas donde se habrían producido los hechos.
El nombre concejal Miguel Fernández fue mencionado por al menos dos funcionarias investigadas, entre ellas Y.C.I y la subalcaldesa del distrito municipal de la Villa Primero de Mayo, Karen Moreno Justiniano, quien ya fue enviada a la cárcel con detención preventiva. Ambas habrían señalado que el concejal ejercía influencias para favorecer a personas implicadas en el esquema de corrupción y para liberarlas de responsabilidad penal. Incluso se menciona a su hermana, Paola Fernández Rea, como parte de esa supuesta red de protección.
EL DEBER intentó conocer la versión del concejal Miguel Fernández. Su asesor legal, Arturo Morón, informó que el edil se encuentra con recargadas labores y un fuerte resfrío, pero que ya fue notificado con el requerimiento. Se prevé que en las próximas horas emita una posición oficial sobre la investigación.
Antecedentes
El 18 de mayo de 2024, cuando la empresa Bony SRL, representada por su asesor legal Reynaldo Arratia, presentó la denuncia ante el Ministerio Público tras no recibir los comprobantes de pago correspondientes, a pesar de haber entregado el dinero exigido por los funcionarios.
Esta semana, la juez anticorrupción Vivian Balcázar determinó arresto domiciliario para Y. C. debido a su estado de embarazo, aunque la Fiscalía solicitó su reclusión preventiva. La funcionaria seguirá siendo investigada por los delitos de manipulación informática, concusión y uso indebido de influencias.
El caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales, debido a la posible participación de autoridades electas.