Una comisión de fiscales inició este lunes las investigaciones por daños a edificios municipales y por las agresiones que sufrieron concejales y funcionarios durante la sesión del domingo, cuando se renovó la directiva del Concejo.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público abrió de oficio la investigación, luego que tomar conocimiento de actos vandálicos que se pueden tipificar como delitos.
“El Ministerio Público ha iniciado de oficio una investigación, a través de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, por la destrucción de bienes del Estado y asociación delictuosa. Se ha destruido un bien público y como Fiscalía no vamos a permitir que una persona, entre varios o por mandato de alguien se destruya y atente contra la vida e integridad de los vecinos del Centro Histórico”, señalo Mariaca.
Añadió que están trabajando con la Policía para dar con los responsables materiales e intelectuales, y adelantó que los delitos se pueden ampliar al tipo penal de robo agravado, puesto que se tiene la información que desaparecieron artefactos y equipos dentro del Concejo Municipal.
“No vamos a permitir que, por peleas políticas, si se puede decir, se estén aprovechando ciertas personas para destruir nuestros bienes públicos”, indicó Mariaca en rueda de prensa.
Horas más tarde, efectivos policiales se hicieron presentes en el edificio La Casona I y el Concejo para comenzar las indagaciones, donde recolectaron videos.
Funcionarios del Concejo presentaron también dos denuncias, una la mañana del domingo por avasallamiento y ocupación ilegal de las instalaciones del Concejo; y otra por la tarde, por daños a bienes del Estado y asociación delictuosa.
El concejal Juan Carlos Medrano espera que se identifique y procese a los responsables. “Varios funcionarios resultaron heridos. A uno le llegó un petardo en la cara y un periodista cayó al suelo. Fueron horas muy tensas y peligrosas. Se han destruido puertas, ventanas y paredes”, dijo.
Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández calificó de ilegal la nueva directiva e instruyó una auditoría interna.“Se hará una auditoría especial a todos los gastos. Ustedes saben que la gestión que ha terminado 2024-2025 ha manejado más de Bs 50 millones”, advirtió al aclarar que ya se está haciendo una auditoría de personal y ambas serán remitidas a la Contraloría.
“El alcalde puede pedir las auditorías que quiera, no hay problema, no hay nada que temer ni esconder. Pero vamos a ver la imparcialidad”, respondió la concejala Lola Terrazas ante el pedido del alcalde de auditar al Concejo Municipal.
Para Terrazas, esto es otra forma más de amedrentamiento, porque cree que el alcalde busca apropiarse de cualquier forma de los dos curules, toda vez que tiene otros intereses de fondo.
Según la concejala, el objetivo del burgomaestre es sacar más créditos, pero, además, asegurarse un Concejo completamente alineado a sus intereses, con miras a su candidatura presidencial. “Necesita un Legislativo que responda a su agenda personal”, añadió.
Respecto a los hechos de violencia ocurridos en el Concejo, lamentó la inacción de la Policía y del Ministerio Público. “Nadie intervino, ni siquiera para detener a los responsables en flagrancia”, denunció.
Por su lado, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, defendió la legalidad de la nueva directiva y justificó el cambio de sede señalando que fue una medida de resguardo ante la toma violenta del salón de sesiones por parte de grupos afines al alcalde.
“Todos los concejales tememos por nuestra integridad. Lo que vivimos el domingo fue estresante y traumático. Lo ocurrido constituye un atentado a la democracia por parte del alcalde y su entorno, que busca mantenerse en el poder sin rendir cuentas, enviando a estas personas para amedrentarnos”, afirmó.
Por su parte, el concejal suplente Maycol Negrete calificó de “vergonzoso” el accionar de los grupos violentos que irrumpieron en la sede del Concejo. Pidió una solución inmediata al conflicto entre los concejales disidentes y el alcalde, indicando que la principal perjudicada es la ciudad.
Al ser consultado sobre la elección de la nueva directiva, sostuvo que, si se cumplió con el quórum reglamentario —es decir, si siete concejales instalaron legalmente la sesión—, entonces el acto se lo debe validar. “Lo que tiene que hacer cualquier partido político, ya sea la UCS u otro, que esté queriendo defender sus curules, lo debe hacer de manera totalmente autónoma e independiente. La gestión se tiene que respetar. Hoy se tiene que trabajar por Santa Cruz y no por banderas políticas partidarias”, enfatizó. Sobre las investigaciones, la expresidenta y concejal secretaria, Silvana Mucarzel, destacó que juez Diego Campero declinó la competencia ante la acción de cumplimiento presentada por los concejales suplentes de UCS, Denny Guzmán y Andrea Negrete contra la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), María Cristina Claros. Buscaban que los curules de Mucarzel y Alcócer, acusados de transfugio político, retornaran a manos del partido. “Creo que hay una luz de esperanza en este ámbito, pues hemos visto que las principales autoridades del sistema judicial en el país están marcando pautas para un cambio en la justicia boliviana”, señaló. Surgen críticas a la Policía porque no acudió al auxilio de los concejales, pese a que solicitaron el resguardo. Desde la institución del orden informaron que el comandante, Rolando Rojas, hoy se pronunciará al respecto.
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