La investigación por el asesinato de la niña Yuvinca, de ocho años, en el municipio de La Guardia, entró en una etapa de abierta controversia. La familia del principal sospechoso —cuñado de la víctima— presentó registros audiovisuales que, según su versión, demostrarían que el aprehendido se encontraba en un lugar distinto al momento en que la menor fue raptada el pasado 6 de enero, mientras que el Ministerio Público confirmó la recepción de ese material, pero reiteró que existen indicios técnico-científicos que sustentan su aprehensión por el delito de infanticidio.
Los videos fueron entregados formalmente a la Fiscalía y serán analizados como elementos de evidencia dentro del proceso investigativo. De manera preliminar, las imágenes muestran al aprehendido caminando por calles de La Guardia, incluso transportando una garrafa, en el mismo horario en el que la niña fue llevada. La defensa legal de la familia de Yuvinca sostiene que ese material audiovisual contradice la hipótesis fiscal sobre la presencia del sospechoso en la escena del crimen.
La esposa del aprehendido y hermana de la víctima, Vanessa S., afirmó públicamente que su esposo es inocente y denunció irregularidades en la investigación. “Ya lo han tachado de asesino de primer grado. Estuvimos juntos todo el día (6 de enero), salimos al mercado y regresamos al cuarto; no estuvimos cerca de la zona (del secuestro)”, declaró, al cuestionar que la principal evidencia señalada por las autoridades sea una mancha de sangre en una polera blanca, que —según explicó— correspondería a un corte en la uña ocurrido días después del crimen.
El abogado de la familia, Miguel Ángel de la Borda, fue más allá y rechazó los peritajes realizados por la Policía y la Fiscalía. Denunció falta de transparencia en las pruebas de luminol, supuestas deficiencias en la autopsia y restricciones para acceder a la carpeta fiscal.
“No se puede responsabilizar a una persona solo en base a indicios. La prueba está contaminada y el Ministerio Público ha actuado de manera inoperante”, sostuvo, advirtiendo incluso posibles nulidades procesales.
Desde la investigación oficial, la Policía y la Fiscalía defendieron su actuación. Un investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) indicó a EL DEBER que el aprehendido —quien trabajaba en Chile y había retornado al país por las fiestas de fin de año— estaba a punto de salir nuevamente del país, por lo que se dispuso su aprehensión al existir al menos cuatro elementos de prueba en su contra.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Cruz, informó que las pericias de luminol y quimio-luminiscencia arrojaron resultados positivos para rastros de sangre en una polera atribuida al sindicado, así como muestras de saliva detectadas en pruebas biológicas realizadas en el colchón de la víctima y en otros elementos hallados en la escena secundaria. “Estos indicios racionales permiten sostener, de manera objetiva, una probabilidad de autoría”, afirmó, aclarando que la certeza se definirá en etapas posteriores del proceso.
Zeballos añadió que se practicó una necropsia complementaria para recolectar muestras óseas y realizar pruebas genéticas comparativas, con el fin de establecer científicamente la correspondencia de los indicios. Asimismo, confirmó que el caso se mantiene abierto y que no se descarta la participación de otros cómplices o encubridores, dentro o fuera del entorno familiar.
La Fiscalía aseguró que todas las pruebas —incluidos los videos presentados por la familia— serán valoradas con objetividad dentro del proceso, sin adelantar conclusiones, en la búsqueda de la verdad histórica y material del caso.