La controversia estalló tras las declaraciones de Eulogio Núñez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quien pidió a miembros de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) presionar a sus representantes en el parlamento para viabilizar la aprobación de un crédito externo de $us 40 millones.
El crédito, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el programa ‘Boliviano de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable’, fue suscrito en mayo de 2024. Fue aprobado en comisión y actualmente aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. La diputada María René Álvarez, representante de la Chiquitania, ha cuestionado el financiamiento, denunciando que podría ser usado para revertir y expropiar tierras productivas en Santa Cruz. Cuestiona la la falta de transparencia en la gestión del INRA. Durante un acto realizado en la Cidob el pasado 14 de marzo, Núñez señaló que el saneamiento de tierras está estancado por la falta de aprobación del crédito. “Les pedimos que puedan dirigirse al Órgano Legislativo. (El crédito) está bloqueado ahí y la presión viene al Órgano Ejecutivo”, dijo. Luego, instó a la Cidob a intervenir: “Les pedimos su granito de arena, mandar una nota por escrito, decirles ‘en esto no te opongas, ponete un yúrex en tu boca’”, sugirió. Álvarez condenó las declaraciones, calificándolas de abusivas, y reafirmó su postura contra el crédito, advirtiendo que se busca favorecer a grupos de avasalladores. “Es un golpe contra el modelo económico de Santa Cruz”, sostuvo. Además, cuestionó la actuación política del INRA, señalando que “tienen todo configurado para titular tierras en favor de sus grupos políticos, dejando afuera a la gente que lleva décadas esperando regularizar sus parcelas” La tensión sigue en aumento mientras la Asamblea Legislativa se prepara para debatir la aprobación del crédito, en medio de acusaciones cruzadas y una creciente polarización regional.