La asambleísta departamental Keila García se pronunció tras conocerse que la Sala Constitucional Primera negó la tutela solicitada por la agrupación Creemos, que pretendía suspender las sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz.
García manifestó que el recurso buscaba obligar al Tribunal Electoral Departamental (TED) a acreditar a dos nuevos asambleístas en reemplazo de la senadora Katia Quiroga y la diputada Liz Bravo, quienes renunciaron a sus curules. Según la legisladora, este trámite fue utilizado para intentar paralizar el funcionamiento del ente deliberante.
“La agrupación Creemos metió un Amparo constitucional para solicitar la acreditación de los nuevos asambleístas. Con ese Amparo, los vocales de la Sala Constitucional Primera aprovecharon para meter una medida cautelar exprés y abusiva para paralizar nuestras funciones en la Asamblea”, denunció.
La representante aclaró que la defensa jurídica de la ALD logró que el recurso fuera rechazado, “porque no tenía justificativo, no tenía validez ni sustento legal”.
“Los vocales de la Sala Constitucional Primera se extralimitaron en sus funciones, violentando nuestra autonomía departamental y prohibiendo que esta Asamblea pueda sesionar por un Amparo en el que no tenemos ni voz ni voto”, sostuvo.
García también se refirió a las versiones sobre supuesta pérdida de curul y recordó que el Estatuto Autonómico Departamental, en su artículo 13, establece claramente los motivos por los que un asambleísta puede perder su mandato.
“El mandato se pierde por fallecimiento: yo no estoy muerta, estoy más viva que nunca; se pierde por renuncia: yo no he renunciado; se pierde por revocatoria de mandato: no he sido revocada; se pierde por sentencia penal ejecutoriada: no tengo ninguna y se pierde por abandono injustificado: yo vengo a trabajar todos los días”, recalcó.
La legisladora agregó que, a su criterio, existe un trasfondo político. “Yo fui votada por el pueblo, mi cara estaba en la papeleta. No es con chicanerías, mentiras o casos armados que van a quitarnos lo que ganamos en urnas”, expresó.
También manifestó que en la gestión 2024 la Asamblea aprobó una reestructuración de la Ley de Organización Departamental (LOED) para reducir el 30% del personal por austeridad, medida que entra en vigencia el 1 de enero de 2026; la intención de revertir esta norma estaría motivando presiones políticas externas, informó.
“A esta Gobernación no le sobra plata, está en quiebra. Pero hay quienes quieren modificar nuevamente la ley para seguir contratando personal y devolver favores políticos”, manifestó.
Finalmente, la asambleísta confirmó que, tras el rechazo del Amparo, la Asamblea Legislativa Departamental retomará sus sesiones con normalidad. “Esta medida ilegal quedó sin efecto. La Asamblea vuelve a sesionar, seguimos cumpliendo nuestras funciones y continuaremos en nuestras curules mientras no exista una resolución en contra”, concluyó.