Ante el pedido del Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, de que una junta médica evalúe la salud del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro en la ciudad de La Paz desde finales de diciembre de 2022; su abogado defensor, Martín Camacho, aplaude la iniciativa y pide que participen médicos especializados en la enfermedad que padece la autoridad cruceña.
“Hemos pedido durante más de 7 meses, en más de 25 oportunidades, su traslado a un centro médico para que se le pueda realizar una evaluación médica, análisis y estudios médicos para ver cuál es su estado de salud. Aplaudimos esta decisión del Defensor del Pueblo”, expresó Camacho este viernes en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio. Camacho pide, además, que la junta médica sea bajo los parámetros del Código de Procedimiento Penal y “no bajo las reglas que quieren imponer Mariana Garcíay Juan Carlos Limpias, Directora Nacional de Salud y Director General Régimen Penitenciario respectivamente. “Hablamos de una junta médica compuesta por especialistas y personal del IDIF, pero también por consultores técnicos de la Defensa, médicos con grado de especialidad en las enfermedades que tiene el Gobernador”, señaló el jurista. El gobernador Luis Fernando Camacho padece la enfermedad Churg-Strauss que requiere de la administración de inmunoglobulina cada 21 días. Desde su detención por el caso “Golpe de Estado 1” hasta la fecha se lo podido ver en sus audiencias virtuales, y no fue hasta la última que tuvo hace dos semanas en la que su aspecto desmejorado y una pérdida visible de peso no pasaron desapercibidos. Al ser consultado sobre la postura del ministro de justicia, Iván Lima, quien aseguró que no es competencia del Gobierno viabilizar el traslado del gobernador cruceño a Santa Cruz, el jurista dejó claro que no han solicitado a esa cartera de Estado su intervención y que, pese a que no debería haber ninguna injerencia, ni del poder político ni del ejecutivo, en todos los procesos que tienen el gobernador en su contra ha ocurrido lo contrario. “El ministro Lima, además de otros ministros, son quienes ejercen presión sobre la administración de justicia para que se realicen una serie de vulneraciones sobre los derechos y garantías constitucionales de los denunciados y se cometan actos que son ilícitos”, expresó. En ese sentido, recordó que en las primeras semanas de la detención del gobernador, el juez Elmer Laura autorizó su traslado a la Clínica Alemana, y que fue Régimen Penitenciario, que depende del Ministerio de Gobierno, el que no autorizó su salida. “Cualquier juez puede ordenar el traslado por motivos de salud, incluso por motivos personales, de cualquier detenido preventivamente, no necesita la aprobación o luz verde de un funcionario público”, explicó el jurista.