El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la situación que atraviesa la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, del departamento de Tarija, refleja un preocupante escenario de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, reiterando que la defensa de estos temas no puede ser tratada como un delito.
Callisaya recordó que el seguimiento a este caso viene “desde la anterior gestión” e incluso participaron en una audiencia con la Comisión Interamericana (CIDH) “en ocasión de un primer incidente que ha provocado un proceso contra 12 personas, justamente de la comunidad de Chiquiacá y parte de Tariquía”.
En esta oportunidad “se había denunciado la necesidad de respetar la condición de defensores ambientales”.
El Defensor detalló que el pasado 5 de enero se produjo un nuevo ingreso a la zona por parte de la Policía Boliviana quienes han generado un campamento en una cantidad de 40 efectivos policiales, acompañados también de personal de Petrobras para desarrollar una actividad ya de exploración petrolera, hecho “que resulta preocupante” debido a que no se habría cumplido adecuadamente el proceso de consulta pública.
“Llama la atención el hecho de que anteriormente no se hubiese cumplido a cabalidad un proceso de Consulta Pública en el cual no se ha presentado ni el plan de trabajo, ni el estudio de impacto ambiental en forma adecuada, de tal manera que se permita a los comunarios, a la población de Chiquiacá, adoptar una posición informada a este respecto”.
El Defensor del Pueblo también alertó sobre el inicio de un segundo proceso penal a los comunarios de la zona.
“Se ha iniciado un segundo proceso penal por diferentes delitos, asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, atribuirse la representación del pueblo”, afirmó.
Callisaya enfatizó que este segundo proceso penal contra defensores en asuntos ambientales “es una muestra negativa” acerca del accionar del Estado respecto del estatus que tienen estas personas.
Por último, el representante del Defensor del Pueblo reiteró que la salida al conflicto pasa por el respeto a la normativa vigente.
“Nosotros lo que recomendamos es el cumplimiento de un proceso de Consulta Pública que tenga respeto por los estándares internacionales”, indicó y recordó que la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos exigen la presentación de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental debidamente informados.