Un nuevo caso de avasallamiento fue denunciado en el municipio de Ascensión de Guarayos, en la propiedad El Cielo, ubicada a 20 kilómetros de la carretera Santa Cruz–Trinidad. Según el abogado Álvaro La Torre, cerca de un centenar de personas tomó el predio de la familia Égüez el domingo 5 de octubre y aún lo mantiene ocupado.
“Han retenido a los familiares y causado daños en la infraestructura”, denunció el jurista en EL DEBER Radio. Los trabajadores relataron que los avasalladores, identificados como comunarios de 1º de Mayo 1 y 1º de Mayo 2, estaban en estado de ebriedad y destruyeron corrales y alambrados. También se reportó la pérdida de unas 130 cabezas de ganado.
En redes sociales circuló un video en el que la propietaria pide auxilio. “Estamos más de cuatro horas tratando de ingresar, nos amedrentan con palos y amenazas”, relató la mujer. Los obreros afirmaron que algunos lograron huir mientras los ocupantes, armados con piedras, los perseguían y atacaban vehículos.
Tras la denuncia, la Policía Boliviana abrió una investigación por avasallamiento y presunta privación de libertad. El comandante departamental, coronel Raúl Rojas, informó que se alista un operativo con apoyo de la fuerza pública. “Se ha cometido un presunto avasallamiento y una posible privación de libertad, por lo que se dispone un contingente policial”, declaró.
De manera paralela, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó el envío de 250 efectivos a Guarayos para restablecer el orden. “Se ha identificado que existen vigilias en tres accesos a la propiedad, y se instruyó registrar el lugar. Los efectivos ya están en camino”, indicó. Aseguró que no hay personas heridas ni retenidas, aunque sí comunarios movilizados.
El hecho generó reacción inmediata del sector productivo. La Asociación de Ganaderos de Ascensión de Guarayos emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico” a los hechos que afectan a la familia Égüez y pidió respeto a la propiedad privada y aplicación estricta de la ley. “Los actos de avasallamiento no solo afectan a los dueños, sino también al desarrollo económico y social de nuestras comunidades”, señala el documento.
El conflicto se suma a otros ocurridos este año en Santa Cruz. En agosto, el predio Puesto Nuevo, en el municipio de El Puente, también fue tomado durante 14 días. Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), existen más de 220 denuncias de avasallamientos en el departamento, pero menos del 5% llegó a sentencia. La mayoría permanece en investigación, lo que alimenta la sensación de impunidad en el campo.
Los productores sostienen que el avance de los grupos avasalladores se debe a la débil respuesta institucional y a la falta de coordinación entre la Policía, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio Público.
El Comité Cívico Interprovincial y los representantes del sector agropecuario anunciaron que solicitarán una reunión con autoridades nacionales para exigir una política de Estado contra el tráfico de tierras y las tomas ilegales. También plantearán la creación de una unidad fiscal especializada en delitos de avasallamiento.
Mientras tanto, en Guarayos, los propietarios de El Cielo y los trabajadores permanecen expectantes al operativo policial. Afirman que la situación continúa tensa y temen nuevos enfrentamientos.