Sin la inauguración oficial del año judicial 2025 y en medio del descontento de los chuquisaqueños que pidieron al Gobierno respeto a la “sede natural” del Órgano Judicial, el presidente Luis Arce, posesionó ayer en la ciudad de La Paz, a los nuevos 38 magistrados y consejeros electos, titulares y suplentes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Por su lado, los prorrogados se blindaron para quedarse en sus cargos.
En el acto oficial donde se dio cita toda la cúpula arcista del Ejecutivo, Legislativo y sus organizaciones sociales afines, el jefe de Estado, tras posesionar a las nuevas autoridades electas, les pidió trabajar con “imparcialidad, ética y apego a la Constitución Política del Estado”, por una “justicia transparente oportuna e independiente”, pero no les dio la palabra, y en contraste discursearon Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Justicia, César Siles.
El acto de posesión de las nuevas autoridades electas se dio 18 días después de las elecciones judiciales parciales. Es así que juraron siete magistrados titulares y siete suplentes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental. Tres titulares y tres suplentes para el Consejo de la Magistratura y cuatro magistrados para el TCP, haciendo un total de 38 nuevas autoridades.
En el acto oficial, las autoridades del Órgano Ejecutivo evitaron mencionar a los siete magistrados auto prorrogados – cinco del TCP y dos del TSJ – que reiteraron su insistencia en continuar por segundo año en sus cargos, a pesar de que ya se realizó la elección judicial y sus funciones constitucionales fenecieron el 31 de diciembre de 2023.
Destaca legitimidad
Tras el juramento de rigor, acto en el que todas las autoridades juraron con la señal de la cruz, el presidente Arce, destacó que con esta elección se da paso a la “renovación de los actores de la justicia boliviana”, con una elección que calificó como “histórica” por el nivel de participación con 64% de votos válidos, hecho que no se vio en los dos anteriores procesos.
“La participación de la ciudadanía que acudió a las urnas el pasado 15 de diciembre (de 2024) con responsabilidad y de forma masiva le concedió la más alta legitimidad a estas autoridades electas”, dijo Arce.
En ese marco, el presidente hizo énfasis en pedir a las autoridades electas que trabajen bajo los principios de transparencia, imparcialidad, ética, moral y en cumplimiento a la CPE.
“Esperamos y confiamos que estén comprometidos con la transparencia y la agilidad de la justicia boliviana (…) necesitamos de una justicia más transparente, oportuna e independiente (…) exhortamos a las nuevas autoridades a ejercer sus funciones con imparcialidad, con ética, con moral y pleno apego a las leyes y a la Constitución Política del Estado”, manifestó el jefe de Estado.
Pesimismo del “Vice”
En tanto, el vicepresidente Choquehuanca se mostró pesimista frente al rol de las nuevas autoridades en la administración de la justicia y dijo que “ojalá” funcione este modelo de seguir eligiendo por voto popular a los magistrados.
Para la autoridad, el sistema judicial en Bolivia está en franca agonía, porque según su percepción, funciona bajo “la imagen y semejanza de las doctrinas europeas”.
“Consecuentemente, la justicia sigue agonizando. Seguimos ensayando un modelo de justicia vía elecciones que ojalá esta vez funcione. El pueblo boliviano está cansado del sistema judicial mercantilizado y corrupto”, disparó Choquehuanca.
En la línea de Arce, el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa habló de la importancia de la independencia judicial y dijo que la misma “constituye un derecho humano fundamental”, y en ese marco, les exhortó “dar señales claras de cambio” en el sistema judicial para lograr “una justicia pronta, eficiente e independiente”.
Con posturas diferentes
Si bien, las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, no pudieron hablar en su acto de posesión, sí lo hicieron ante los micrófonos de la prensa. La consulta recurrente fue su postura frente a los magistrados auto prorrogados. Todos coincidieron en que primero se deben instalar en sus salas plenas para después emitir una posición como entes colegiados.
Una de esas voces, fue la del magistrado del TSJ, Primo Martínez, quien dijo a título personal que “no se puede convivir” con los magistrados auto prorrogados. No obstante, la decisión final será emitida tras un análisis de los autos que emitieron los prorrogados.
En tanto, el magistrado del TCP, Boris Arias, adelantó que tras la posesión, la segunda tarea es instalarse en sala plena para analizar la situación del TCP. “Vamos a analizar y discutir todos los elementos”, dijo la autoridad en relación a la postura de los prorrogados.
Reunión con el Ejecutivo
Apenas se posesionó en el cargo, el magistrado del TSJ, Romer Saucedo, representante del departamento de Santa Cruz, se reunió por unas dos horas con autoridades del Órgano Ejecutivo. Al salir del encuentro, la autoridad judicial informó que se analizó la situación de la administración de justicia en el marco de la coordinación entre órganos del Estado.
“Estábamos analizando la situación de la justicia en Santa Cruz, (realizar) algunos ajustes que yo les manifestaba, que es importante que los realicemos desde nuestros distritos y que seguramente otros magistrados van a tener las mismas coordinaciones para ver en sus distritos”, dijo Saucedo.
Agregó que esas reuniones de coordinación con el Gobierno se realizarán con todas las autoridades judiciales electas para trabajar por un “cambio” en la justicia. Saucedo aspira presidir el TSJ.
Molestia de Chuquisaca
Más allá de los aplausos y de un acto cerrado exclusivamente para la cúpula arcista, el hecho de que Arce posesione a los nuevos magistrados en la ciudad de La Paz, ocasionó molestia y protestas en representantes de Chuquisaca cuya capital es la ciudad de Sucre, capital de Bolivia y “sede natural” del Órgano Judicial.
De nada sirvieron las notas de las autoridades departamentales de Chuquisaca, de la ciudad de Sucre y de legisladores representantes de la región que pedían al jefe de Estado, que el acto de posesión se realice en esa ciudad como históricamente se hizo.
“Iniciar el Bicentenario sin posesionar a las autoridades del Órgano Judicial en la Capital del Estado boliviano y sede del Órgano Judicial, nos muestra un desprecio por parte del Gobierno nacional, pero sobre todo nos está dando una señal de qué se va a priorizar en 2025”, dijo el diputado opositor, Marcelo Pedrazas.
En esa línea, el senador Santiago Ticona, también expresó su protesta por no tomar en cuenta a Sucre. “Sucre es la sede natural del poder judicial y además este 2025 se conmemoran los 200 años de fundación de la República de Bolivia que se ha fundado en la ciudad de Sucre, en la Casa de la Libertad, y por ende merece respeto”, dijo.
Prorrogados se blindan
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TCP), que decidieron unilateralmente permanecer en sus cargos más allá del límite constitucional de seis años que concluyó en 2023, ahora optaron “por blindarse” con un fallo con el que se pueden quedar en sus despachos a pesar de las elecciones del pasado 15 de diciembre.
El 11 de diciembre de 2024, el TCP emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0113/2024-O, firmado por los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (presidente), Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro, René Iván Espada Navía y Brígida Celia Vargas Barañado. Este fallo “dimensiona” los efectos de la Declaración Constitucional 0049/2023.
El auto, publicado recién el 31 de diciembre, establece que la prórroga continuará hasta que se preseleccionen, elijan y posesionen a las nuevas autoridades en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba donde las convocatorias fueron declaradas desiertas por un fallo emitido unilateralmente por el TCP.
Tras la elección parcial de magistrados, Hurtado dijo que iban a seguir trabajando y reclamó por la independencia de poderes, pero no presentó el fallo del 11 de diciembre que estuvo ocultó hasta el martes.
El senador Félix Ajpi (MAS) dijo que por eso esta decisión constituye un “abuso” de poder, porque pone a los magistrados por encima de los otros poderes del Estado. “Son chistositos y abusivos”, afirmó haciendo notar la pérdida de legitimidad de los prorrogados frente a los magistrados que cuentan con el mandato de seis años otorgado por el voto popular.
El ministro de Justicia, César Siles, dijo que tras la elección de 19 de 26 autoridades del Órgano Judicial, la prórroga debía haber concluido con la toma de juramento de los magistrados electos. La misión de observación de la OEA observó en su informe la “autoprórroga”, mientras que los magistrados del TCP no explicaron a los observadores las razones del fallo del 11 de diciembre.
La OEA instó a las instituciones completar la selección de los magistrados y dijo que la prórroga afecta la confianza ciudadana. Hurtado afirmó que la extensión en su cargo es una medida temporal y que la solución definitiva debe ser alcanzada mediante una ley que sea elaborada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.