La inauguración del Año Judicial 2026 en Bolivia, realizada este lunes en la ciudad de Sucre, reunió al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y a la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en un acto que dejó en claro una coincidencia central: mientras el titular del Órgano Judicial afirmó que “lo que la Constitución no prohíbe está permitido”, al referirse a los decretos presidenciales, el jefe de Estado destacó que el país vive un “nuevo tiempo” en la Justicia, basado en institucionalidad, independencia y sentido común.
El acto oficial se desarrolló en el Hall del Tribunal Supremo de Justicia, con la presencia de autoridades nacionales, magistrados del TSJ, miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el gabinete ministerial, marcando formalmente el inicio de la gestión judicial 2026.
Durante su intervención, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, expresó su respaldo directo a los decretos supremos 5503 y 5515, emitidos por el Gobierno de Rodrigo Paz. El primero eliminó la subvención a los carburantes, mientras que el segundo habilita al primer mandatario a ejercer sus funciones desde el exterior mediante el uso de la tecnología.
“Sepa usted que, en mi condición de presidente del TSJ, a veces hay que entender las decisiones que se toman. Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución Política del Estado no manda; en otras palabras, lo que la Constitución no prohíbe, está permitido”, señaló Saucedo, de manera pública, en la capital del país.
El titular del TSJ fue más allá al remarcar que las medidas adoptadas por el Ejecutivo se encuentran dentro del marco constitucional. “Lo que usted ha hecho, presidente, es constitucional y lo ha hecho por el bien de Bolivia”, afirmó, dejando clara su posición frente a estas normas, que han generado un debate social y político en los últimos días.
Posición presidencial
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira subrayó que una justicia transparente, efectiva y con sentido común es clave para la democracia y para recuperar la confianza de las inversiones nacionales y extranjeras. “Sin justicia no hay libertad ni democracia. La justicia debe responder a las necesidades de las grandes mayorías”, sostuvo durante el acto.
Paz enfatizó que su Gobierno apuesta por fortalecer la institucionalidad judicial sin interferencias, defendiendo la independencia del Órgano Judicial como un pilar democrático. “Esta es una justicia que yo la siento fortalecida (…) es importante mantener y defender su independencia, sobre todo el servicio a los bolivianos”, expresó en su discurso.
El mandatario también advirtió que una justicia deficiente impacta directamente en la calidad democrática. “Una mala justicia es una mala democracia. Desde el Ejecutivo podemos colaborar con la apertura para que la cooperación internacional, de manera independiente y sin intromisión del Gobierno, apoye directamente a nuestro sistema judicial”, añadió.
La ceremonia también estuvo marcada por la posesión de nuevas autoridades judiciales. Roxana Chávez asumió la presidencia del Tribunal Agroambiental, en reemplazo de Richard Méndez, mientras que Carlos Spencer fue posesionado como presidente del Consejo de la Magistratura, sustituyendo a Manuel Baptista. En el TSJ, Rómer Saucedo, magistrado por Santa Cruz, continuará al frente de la institución por una nueva gestión.
Caso consorcio
En su discurso, Romer Saucedo destacó además el rol del fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, por su actuación en la desarticulación de una red de corrupción que intentó vulnerar la institucionalidad del Órgano Judicial mediante la destitución irregular de una magistrada electa.
“La actuación inmediata del Ministerio Público, a través del Fiscal Departamental de La Paz, que personalmente se constituyó hasta el municipio de Coroico, permitió la aprehensión del juez que intentó dar el golpe y se pudo desbaratar esa red de corrupción”, afirmó Saucedo, al destacar la coordinación interinstitucional como clave para la defensa del Estado de Derecho.
Finalmente, el Presidente del TSJ reveló que el intento fallido buscaba afectar la representación del departamento de La Paz en el máximo tribunal, subrayando que la respuesta firme de las autoridades judiciales y de la Fiscalía reafirmó el compromiso con la legalidad, la independencia y la lucha contra la corrupción.