A través de un pronunciamiento, la sociedad civil advirtió de los riesgos que conllevará el cierre del Ministerio de Justicia como lo anunció el presidente Rodrigo Paz. Según las 90 agrupaciones que firman el documento, el cierre de esa cartera de Estado podría generar una falta en las políticas públicas que garanticen los derechos, igualdades y la atención contra la violencia hacia la sociedad.
Además, señalan que también afectará de manera inmediata a los Viceministerios y las direcciones que dependen del Ministerio de Justicia, como ser el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Viceministerio de Derechos Fundamentales, Viceministerio de Prevención y Gestión Institucional, Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, el SEPDAVI, el SIJPLU, el SIPPASE, la Defensoría Pública, las direcciones de género, generacional, niñez, discapacidad y adultos/as mayores.
“Estas instituciones cumplen funciones vitales para mujeres víctimas de violencia, niñas, adolescentes, juventudes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos/as mayores, personas en riesgo de trata y todas aquellas personas que dependen del Estado para acceder a justicia gratuita y servicios de protección”, dice parte del comunicado.
La afirmación de las 90 organizaciones de la sociedad civil se da luego de que Paz tomara la decisión de cerrar el Ministerio de Justicia el pasado jueves, decisión que estuvo ligada a una serie a destituciones y designaciones que se dieron ese mismo día.
“La medida vulnera principios constitucionales sobre derechos fundamentales y afecta la estructura institucional definida en las leyes 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) , 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y 263 (Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas de Bolivia), entre otras. Además, contradice recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, CEDAW, CIDH, CDPD, Belém do Pará y el Examen Periódico Universal, que han exhortado a Bolivia a fortalecer –no desmantelar–, su institucionalidad en derechos humanos, igualdad y políticas de prevención y atención a las violencias”, se lee en parte del pronunciamiento.
Por ello, exigen al Gobierno “garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la rectoría de las políticas públicas para la protección de los derechos humanos y de las mujeres”, además de que cualquier proceso de reestructuración debe hacerse con un análisis serio, técnico y participativo y que la sociedad civil organizada “sea parte del proceso de construcción de la arquitectura estatal, para contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos y de las mujeres”.
Paz: cerrar un Ministerio no es de la noche a la mañana
Tras el anuncio del cierre, el presidente Paz señaló este sábado, en su arribo a Santa Cruz, que su “palabra vale” y que se debe “entender es que hay una transición hacia el nuevo escenario y cerrar un ministerio de la injusticia, de la persecución política, del no respeto a la norma, no es de la noche a la mañana”.
Afirmó que esa transición es "administrativa y legal” que le dará nueva forma a las instancias del Ejecutivo.
“No se olviden que hay que generar una representación de equidad. No se olviden que hay que generar una representación para los derechos de los originarios indígenas. El nuevo formato que tendrá la justicia desde el gobierno será transparencia. Segundo, seguridad jurídica en todos los ámbitos de la justicia. Y tercero, derechos humanos”, resaltó.
Anunció que todo ese plan está en transición que verán los resultados desde lunes.
“La decisión de que se cerró ya no actúa en la persecución y a partir del lunes tiene otro formato de trabajo porque estamos en una transición administrativa nada más”, concluyó el mandatario.