La Cámara de Senadores sancionó el miércoles la “Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Cometidos en Rupturas del Orden Constitucional”.
La sanción de la nueva normativa ocurrió en la última sesión del periodo constitucional 2020-2025 del Senado que, luego, la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Esta iniciativa, que es cuestionada por varios opositores, fue aprobada a principios de este mes en la Cámara de Diputados.
La ley sancionada, que establece el marco legal para la “reparación integral”, es aplicable “a toda persona que fue víctima directa o indirecta de graves violaciones a derechos humanos por hechos estrictamente ligados a los acontecimientos suscitados en el Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 7 de noviembre de 2020”.
También se aclara en esta ley que será aplicable a hechos de similar naturaleza que pudiesen ocurrir en el futuro.
El artículo 3 de la ley precisa que “la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, inmaterial, moral y proyecto de vida”.
Sin embargo, “la reparación integral no obligará a la víctima a renunciar al derecho de exigir justicia para establecer responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a los autores y cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos, en instancias jurisdiccionales nacionales o internacionales”.
Entre las medidas de compensación, establecida en el artículo 19, se “constituye la compensación monetaria por los distintos tipos de daño ocasionados a las víctimas con la grave violación a sus derechos humanos”.