Los 12 juicios que tenía el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en tribunales ordinarios fueron anulados merced a una negociación que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como medida de reparación respecto de la forma cómo fue procesado el alcalde por entidades del Estado.
“Lo que he hecho es ir a niveles internacionales, a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde he presentado una demanda que ha tardado tanto tiempo 14, 13 años para decir tiene razón Manfred y se ha admitido la demanda que yo he presentado y eso significa, obviamente, que puedan restituir a través de una acción de libertad todo lo que signifique el debido proceso, que sea a través de un juicio de responsabilidades”, recordó Reyes Villa en una entrevista televisiva.
En marzo de este año, la Procuraduría del Estado publicó un comunicadoen el que negaba que el Estado boliviano haya negociado la nulidad de los procesos en ese Alto Tribunal internacional y dijo que fue por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque Reyes Villa dijo que fue por la resolución de la CIDH.
La demanda contra el Estado boliviano fue presentada en agosto de 2008 –durante el gobierno de Evo Morales– y a lo largo de 13 años hubo peticiones de la CIDH al Estado y al demandante. Finalmente, el 20 de mayo de 2021 –Gobierno de Luis Arce– este Alto Tribunal comunicó a Bolivia la admisión del caso, abriendo el periodo de conciliación, que es la fase previa al inicio del juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta fase de ‘conciliación’ es reservada entre las dos partes, si no hay acuerdo el Estado va a juicio, si hay acuerdo se cierra el caso.
En su memorial presentado ante la CIDH, Manfred Reyes Villa dijo que se vulneraron varios derechos civiles para llevarlo a juicio y los 12 procesos abiertos en su contra fueron presentados por personas vinculadas al Gobierno.
En su descargo, los abogados del Estado boliviano dijeronque el afectado jamás presentó una denuncia de la vulneración de esos derechos ante las autoridades del Ministerio Público y que las autoridades judiciales eran imparciales y se actuó de forma transparente, lo que no convenció a los juzgadores internacionales.