La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario informó que esperará informes complementarios de la Policía Boliviana antes de pronunciarse sobre el cumplimiento de una resolución judicial que instruye el traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro hasta Santa Cruz, donde debe presentarse a una audiencia presencial por el denominado caso “Decretazo”.
La entidad emitirá una posición formal este miércoles, tras recibir y analizar toda la documentación correspondiente, según conoció EL DEBER.
“Esta sentencia ya no admite excusas. Si no se cumple, estaríamos ante un delito por desobediencia a resoluciones constitucionales”, advirtió el abogado Martín Camacho, defensor del gobernador, en contacto con EL DEBER. Dijo que ya hubo 14 intentos anteriores.
El último intento de audiencia se frustró en junio, cuando la directora departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Mariana García, se negó a autorizar la compra de pasajes aéreos con el argumento de que no había presupuesto ni combustible suficiente y que existían bloqueos de caminos.
Consultado sobre el tema, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo que no tenía conocimiento oficial sobre la orden de traslado. “Existe la Dirección de Régimen Penitenciario, que está a cargo de estas acciones y estas son autónomas. No he tenido conocimiento oficial sobre estas acciones”, declaró Aguilera en entrevista con EL DEBER Radio.
El caso “Decretazo” se refiere a la emisión del Decreto Departamental 373, suscrito en 2022 por Camacho, mediante el cual delegó temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Según la normativa autonómica y la Constitución Política del Estado, esa función debió ser asumida por el vicegobernador Mario Aguilera.
Por esa acción, el gobernador enfrenta cargos por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El juicio oral debía instalarse a inicios de 2024, pero ha sido sistemáticamente suspendido por la inasistencia del acusado, quien permanece recluido en Chonchocoro desde fines de 2022.
La defensa de Camacho considera que se está configurando una situación de desacato institucional que podría derivar en responsabilidades penales para quienes obstruyen la ejecución del fallo. “Lo que está ocurriendo no es simplemente una demora administrativa: es un incumplimiento flagrante de una orden judicial”, reclamó Martín Camacho.
El abogado insistió en que los argumentos utilizados en el pasado –como falta de recursos, problemas logísticos o supuestas amenazas externas– ya no tienen validez ante una sentencia constitucional que establece la prioridad del derecho a la defensa y el debido proceso.