El docente y abogado constitucionalista Carlos Guido Rondrón Escobar presentó el recurso ante la justicia constitucional en contra de las autoridades nacionales. La Acción Popular cuestiona al Gobierno por los daños y riesgos vinculados a la calidad del combustible.
La acción apunta a al menos cinco funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), por presuntos actos y omisiones en los procesos de control, fiscalización y seguridad de la calidad de un servicio público esencial.
El planteamiento constitucional sostiene que la problemática trasciende los daños individuales en motorizados y, por consiguiente, se considera una amenaza a la seguridad, salubridad y derechos públicos de los usuarios y consumidores.
En la acción presentada se solicita que se adopten medidas preventivas y estructurales, entre auditorías técnicas independientes, control reforzado por lote, la limpieza y certificación de tanques, trazabilidad del combustible y transparencia en la publicación de resultados, para así evitar los riesgos y daños.
Rondón asegura que la acción se desmarca de lo político, sino es una medida preventiva y correctiva en busca de que las instituciones asuman sus responsabilidades. Además, es una medida diseñada para actuar antes de que el daño sea irreversible.
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