La toma ilegal del predio Santa Rita, en el municipio de El Puente (Guarayos), no solo expuso una vez más la fragilidad de la seguridad jurídica en Santa Cruz, sino que ha tenido inmediatas repercusiones en el escenario político nacional.
La propiedad de casi cinco mil hectáreas fue asaltada esta semana por un grupo armado, que mantuvo secuestrados a 25 trabajadores y dejó al menos un herido por bala. La intervención policial se produjo la madrugada del viernes, pero las heridas institucionales siguen abiertas.
El hecho reavivó los cuestionamientos contra grupos interculturales, a quienes víctimas y opositores acusan de actuar con impunidad y respaldo político. “Los interculturales tienen protección del Gobierno porque lo llevaron a Luis Arce al poder.
“Por eso hacen lo que quieren”, declaró el diputado Alberto Astorga (CC), quien además vinculó directamente al exministro y actual candidato presidencial Eduardo del Castillo, y al candidato a primer senador por Santa Cruz, Esteban Alavi. “Si Del Castillo no lo separa de las listas, será evidente que está involucrado con estos grupos irregulares”, afirmó.
Desde el oficialismo, el diputado Andrés Flores (MAS-IPSP) negó rotundamente las acusaciones y las calificó de “ataques políticos” contra Del Castillo. Reconoció que existen conflictos por tierras tanto en Santa Cruz como en el Beni y el norte de La Paz, pero aseguró que no hay protección estatal para los avasalladores. Sin embargo, admitió que Alavi “no debería ser candidato” por falta de respaldo orgánico en su región.
El caso también resalta el uso político del receso parlamentario, decretado por el vicepresidente David Choquehuanca en medio de una crisis institucional en la Asamblea Legislativa. La suspensión de sesiones ha congelado el tratamiento de créditos internacionales, contratos de litio y proyectos electorales clave. Para Astorga, el receso fue “coordinado por el arcismo para enfriar temas álgidos” y proteger figuras vinculadas al MAS.
Mientras tanto, la población de Santa Cruz vuelve a reclamar garantías al Estado y exige sanciones ejemplares. La esposa del propietario del predio Santa Rita, Melisa Barba, relató que es la quinta vez que sufren un avasallamiento: “Esta vez hubo disparos, heridos y secuestrados. No se puede vivir así. El Estado tiene que actuar, no solo reaccionar”.
El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, condenó los hechos y aseguró tener un “compromiso con la defensa de la propiedad privada y del estado de derecho”. Sin embargo, para muchos sectores, el verdadero desafío es demostrar ese compromiso con acciones sostenidas, más allá de los comunicados y operativos puntuales.