El Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer en lo Penal N° 6 de Oruro dispuso la detención preventiva por 90 días en el penal de San Pedro para Cristian D. G. S. (30), psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), investigado por el delito de violación con agravante, cuya víctima es una adolescente de 16 años.
La medida fue asumida a solicitud del Ministerio Público, que presentó elementos suficientes para sustentar la probabilidad de autoría y la necesidad de asegurar la investigación. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el caso es tratado como prioritario, debido a la condición de vulnerabilidad de la víctima y al cargo que desempeñaba el imputado dentro de una institución destinada a la protección de niñas, niños y adolescentes.
Según los actos investigativos desarrollados por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, el imputado habría aprovechado su función como psicólogo de la DNA, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), para generar confianza con la adolescente. De acuerdo con la investigación, el contacto se produjo mediante redes sociales, donde el sindicado habría ofrecido ayuda para acceder a un empleo una vez concluida la etapa escolar, estableciendo un vínculo que ahora es objeto de análisis penal.
La investigación preliminar establece que el acusado habría sostenido encuentros reiterados con la adolescente, aprovechándose de la relación de confianza y de su situación de vulnerabilidad. Estos hechos son evaluados conforme a la normativa penal vigente y motivaron la intervención inmediata del Ministerio Público.
El caso se activó tras la denuncia presentada por la madre de la menor, quien identificó conversaciones con contenido inapropiado entre el investigado y su hija. A partir de ello, la Fiscalía inició de oficio las diligencias correspondientes, activó los protocolos de protección para la víctima y desplegó actuaciones investigativas para determinar responsabilidades.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con el acceso a la justicia y la persecución penal efectiva de delitos que involucren abuso de poder y vulneración de derechos desde espacios institucionales.