La Justicia determinó 90 días de detención preventiva para Gabriela Delgadillo, exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta tras la audiencia cautelar, luego de que Delgadillo se abstuviera de declarar ante la Fiscalía, decisión asumida en presencia de su defensa técnica. El Ministerio Público anunció que la imputación formal se sustenta en indicios que la vinculan con la firma de documentos ejerciendo atribuciones que no correspondían a su cargo.
Según explicó el fiscal Daniel Ortuño, la exfuncionaria habría firmado como vicepresidenta de YPFB, pese a no contar con esa designación. “Los elementos recolectados hacen sostener, en esta etapa, la presunta comisión del delito de usurpación de funciones”, señaló la autoridad, al precisar que no es la única persona investigada y que existe otro funcionario de la estatal petrolera bajo investigación.
Indicó que durante la audiencia se presentaron varios elementos de convicción, motivo por el cual el juez ordenó que sea detenida de manera preventiva en la cárcel. Además, agregó que, en la audiencia la imputada decidió romper el silencio y defender su inocencia.
“Hay diferentes elementos que han sido recolectados y expuestos ante la autoridad jurisdiccional. El juez observó que existe probabilidad de autoría en cuanto al hecho imputado y, bajo esos parámetros, ordenó la detención”, sostuvo.
La aprehensión de Delgadillo fue ejecutada por agentes del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la avenida San Martín, a la altura del cuarto anillo, tras una denuncia presentada por la propia YPFB. Posteriormente, fue trasladada a dependencias policiales para su comparecencia ante el Ministerio Público.
Al salir de la audiencia, la exgerente cuestionó duramente la resolución judicial y afirmó que sus pruebas no fueron valoradas. Además, consideró que la resolución de la justicia es “política”.
“¿Por qué no valoraron mis pruebas? Porque cuando es político no hay pruebas que valoren. Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas. Es injusta, política. No tengo nada más que decir, simplemente que voy a asumir mi defensa y espero que esta vez todos mis descargos sean valorados”, agregó.
Delgadillo aseguró que la imputación se sustenta únicamente en el uso de un sello. “Por usurpación de funciones, por haber firmado con un sello que supuestamente no tengo designación, por eso me están juzgando”,explicó.
Por su parte, la defensa legal, a cargo del abogado Ariel Góngora, cuestionó la legalidad de la aprehensión y sostuvo que no existió una citación previa para que su defendida preste declaración informativa. Además, advirtió sobre el estado de salud de Delgadillo, quien —según afirmó— fue sometida recientemente a una cirugía cardíaca, aspecto que será puesto a consideración de las autoridades judiciales.
“No estamos conformes con la resolución dictada por el juez, por eso hemos alzado una apelación que será resuelta por los vocales de sala”, afirmó.
El jurista negó la existencia de contratos irregulares y aseguró que su defendida contaba con respaldo administrativo. “No hay contratos firmados. La supuesta usurpación se basa en unos sellos. Ella estaba en suplencia y tenía designación. Esa documentación existe y es la que estamos solicitando mediante requerimiento fiscal”, explicó.
El caso se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la gestión interna de YPFB y continuará durante el periodo de detención preventiva, mientras la Fiscalía avanza con la recolección de mayores elementos probatorios.