EL DEBER destapó el casoTodo parecía ir según lo previsto hasta que el periódico boliviano El Deber lo expuso el mes pasado.
“Cuando leí los contratos por primera vez, pensé: 'Debo estar imaginándolo'. Eran tan irracionales que parecían realismo mágico”, dijo Silvana Vicenti, la periodista que dio la noticia.
Según los contratos, vistos por The Guardian, Kailasa controlaría vastas franjas de tierra, “con plena soberanía y autonomía” dentro de cada territorio indígena, incluidos derechos sobre el espacio aéreo y todos los recursos naturales por encima o por debajo de la tierra.
Los grupos indígenas estarían obligados a “defender a Kailasa en cualquier procedimiento judicial” y apoyar su reconocimiento “como estado soberano e independiente, protegerlo contra agresiones y respaldar su admisión en organizaciones internacionales como la ONU”.
Para Vincenti, parecía “una monarquía con súbditos indígenas”
Jhovana Morales, abogada de la Fundación Tierra, una ONG que trabaja en temas territoriales indígenas, afirmó que los contratos eran abusivos y violaban varias leyes bolivianas. Un ejemplo era la cláusula de arrendamiento perpetuo, ya que el Código Civil establece un plazo máximo de 10 años.
“Los contratos son una estafa total”, dijo Morales. “Pero lo más extraño es que, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió. Primero, ¿Cómo entraron? ¿Cómo llegaron a estos lugares y comenzaron a acercarse directamente a sectores del territorio indígena amazónico?”
El gobierno boliviano aún no ha proporcionado todas las respuestas.
Tras conocerse el caso, emitió un comunicado negando vínculos diplomáticos con el país ficticio.
Ha comenzado a circular una fotografía del presidente boliviano, Luis Arce, sonriendo mientras recibe un libro titulado Estados Unidos de Kailasa de manos de una mujer que viste un sari color azafrán.
Aunque Arce no ha hecho comentarios, su directora nacional de migración, Katherine Calderón, dijo que la mujer había solicitado una foto con el presidente durante un evento, organizado por una confederación indígena en octubre, “como es común en cualquier reunión pública”.
El 24 de marzo, Calderón anunció que Bolivia había expulsado a 20 extranjeros “vinculados” a Kailasa –de distintas nacionalidades, entre ellas indias, británicas, estadounidenses y chinas– que habían ingresado al país como turistas pero buscaban “obtener tierras” en territorios indígenas.
Expertos como Morales han criticado la decisión, diciendo que el gobierno debería haber completado su investigación antes de expulsar a quienes pudieron haber estado involucrados.
Las asociaciones de periodistas bolivianas emitieron un comunicado conjunto denunciando amenazas que los periodistas habían recibido “de representantes del autoproclamado estado de Kailasa” desde que comenzaron a cubrir el caso.
Nithyananda, cuyo paradero sigue siendo desconocido, dio un “discurso presidencial en vivo” en las redes sociales el miércoles pasado para disipar “rumores maliciosos” supuestamente difundidos por “medios de comunicación antihindúes” que afirmaban que estaba muerto.
No mencionó directamente a Bolivia, pero su canal de YouTube ha publicado videos donde sus seguidores admiten haber firmado los contratos de arrendamiento y afirman que buscaban “apoyar la protección del medio ambiente… y [brindar] ayuda humanitaria” a las comunidades indígenas.
The Guardian no ha obtenido respuestas
The Guardian envió una lista de preguntas al gobierno boliviano y a la “oficina de relaciones internacionales” de Kailasa, pero no recibió respuesta.
La organización Territorio Indígena Multiétnico II, que incluye al pueblo Ese Ejja que firmó el contrato, emitió un comunicado en el que afirma que Kailasa había “manipulado” a algunos de sus representantes y se había “aprovechado de su vulnerabilidad para extraerles una firma con la promesa de dinero fácil”.
El grupo añadió: «Nuestro territorio no se vende, no se alquila, ni está sujeto a ningún tipo de negociación. Nuestra tierra es el legado de generaciones que la han cuidado y defendido con sangre y resistencia».
