Una publicación de The Guardian replicó el caso Kailasa de Bolivia a nivel internacional. En el medio británico, remarca que los seguidores de un gurú hindú fugitivo que pretende establecer su propio Estado están apareciendo por toda América Latina y ofrecen cientos de miles de dólares para comprar tierras en Ecuador, Paraguay y ahora Bolivia.
La publicación cuenta que "a finales del año pasado, un representante del pueblo indígena Baure de la Amazonia boliviana firmó un contrato “perpetuo” de arrendamiento de 60.000 hectáreas (148.260 acres) de su vasta selva tropical por 108.000 dólares (81.910 libras esterlinas) al año.
Un representante del pueblo indígena Cayubaba firmó un contrato similar, arrendando 31.000 hectáreas por 55.800 dólares anuales.
En el otro extremo de los contratos, el beneficiado fue Estados Unidos de Kailasa, que, a pesar de presentarse ante los pueblos indígenas como una nación, no está reconocido por ningún país ni por la ONU.
La nación ficticia fue creada por Nithyananda, un autoproclamado hombre-dios y supremo pontífice del hinduismo, en 2019, después de huir de la India mientras enfrentaba cargos de secuestro de niños para su ashram y uno de violación de una seguidora .
Ya habían pasado por Ecuador y Paraguay
Después de intentos fallidos de comprar tierras en Ecuador y Paraguay –e incluso de firmar un acuerdo con la ciudad estadounidense de Newark, que luego fue desechado cuando los funcionarios se dieron cuenta de que Kailasa no existía– , el país falso recurrió a Bolivia.
Entre septiembre y noviembre de 2024, sus representantes firmaron contratos con al menos cuatro grupos indígenas para el arrendamiento de sus tierras por 1.000 años “con renovación automática y perpetua”.
EL DEBER destapó el casoTodo parecía ir según lo previsto hasta que el periódico boliviano El Deber lo expuso el mes pasado.
“Cuando leí los contratos por primera vez, pensé: 'Debo estar imaginándolo'. Eran tan irracionales que parecían realismo mágico”, dijo Silvana Vicenti, la periodista que dio la noticia.Según los contratos, vistos por The Guardian, Kailasa controlaría vastas franjas de tierra, “con plena soberanía y autonomía” dentro de cada territorio indígena, incluidos derechos sobre el espacio aéreo y todos los recursos naturales por encima o por debajo de la tierra.
Los grupos indígenas estarían obligados a “defender a Kailasa en cualquier procedimiento judicial” y apoyar su reconocimiento “como estado soberano e independiente, protegerlo contra agresiones y respaldar su admisión en organizaciones internacionales como la ONU”.
Para Vincenti, parecía “una monarquía con súbditos indígenas”
Jhovana Morales, abogada de la Fundación Tierra, una ONG que trabaja en temas territoriales indígenas, afirmó que los contratos eran abusivos y violaban varias leyes bolivianas. Un ejemplo era la cláusula de arrendamiento perpetuo, ya que el Código Civil establece un plazo máximo de 10 años.
“Los contratos son una estafa total”, dijo Morales. “Pero lo más extraño es que, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió. Primero, ¿Cómo entraron? ¿Cómo llegaron a estos lugares y comenzaron a acercarse directamente a sectores del territorio indígena amazónico?”
El gobierno boliviano aún no ha proporcionado todas las respuestas.
Tras conocerse el caso, emitió un comunicado negando vínculos diplomáticos con el país ficticio.
Ha comenzado a circular una fotografía del presidente boliviano, Luis Arce, sonriendo mientras recibe un libro titulado Estados Unidos de Kailasa de manos de una mujer que viste un sari color azafrán.
Aunque Arce no ha hecho comentarios, su directora nacional de migración, Katherine Calderón, dijo que la mujer había solicitado una foto con el presidente durante un evento, organizado por una confederación indígena en octubre, “como es común en cualquier reunión pública”.
El 24 de marzo, Calderón anunció que Bolivia había expulsado a 20 extranjeros “vinculados” a Kailasa –de distintas nacionalidades, entre ellas indias, británicas, estadounidenses y chinas– que habían ingresado al país como turistas pero buscaban “obtener tierras” en territorios indígenas.
Expertos como Morales han criticado la decisión, diciendo que el gobierno debería haber completado su investigación antes de expulsar a quienes pudieron haber estado involucrados.
Las asociaciones de periodistas bolivianas emitieron un comunicado conjunto denunciando amenazas que los periodistas habían recibido “de representantes del autoproclamado estado de Kailasa” desde que comenzaron a cubrir el caso.
Nithyananda, cuyo paradero sigue siendo desconocido, dio un “discurso presidencial en vivo” en las redes sociales el miércoles pasado para disipar “rumores maliciosos” supuestamente difundidos por “medios de comunicación antihindúes” que afirmaban que estaba muerto.
No mencionó directamente a Bolivia, pero su canal de YouTube ha publicado videos donde sus seguidores admiten haber firmado los contratos de arrendamiento y afirman que buscaban “apoyar la protección del medio ambiente… y [brindar] ayuda humanitaria” a las comunidades indígenas.
The Guardian no ha obtenido respuestas
The Guardian envió una lista de preguntas al gobierno boliviano y a la “oficina de relaciones internacionales” de Kailasa, pero no recibió respuesta.
La organización Territorio Indígena Multiétnico II, que incluye al pueblo Ese Ejja que firmó el contrato, emitió un comunicado en el que afirma que Kailasa había “manipulado” a algunos de sus representantes y se había “aprovechado de su vulnerabilidad para extraerles una firma con la promesa de dinero fácil”.
El grupo añadió: «Nuestro territorio no se vende, no se alquila, ni está sujeto a ningún tipo de negociación. Nuestra tierra es el legado de generaciones que la han cuidado y defendido con sangre y resistencia».
Según los contratos, vistos por The Guardian, Kailasa controlaría vastas franjas de tierra, “con plena soberanía y autonomía” dentro de cada territorio indígena, incluidos derechos sobre el espacio aéreo y todos los recursos naturales por encima o por debajo de la tierra.
Los grupos indígenas estarían obligados a “defender a Kailasa en cualquier procedimiento judicial” y apoyar su reconocimiento “como estado soberano e independiente, protegerlo contra agresiones y respaldar su admisión en organizaciones internacionales como la ONU”.
Para Vincenti, parecía “una monarquía con súbditos indígenas”
Jhovana Morales, abogada de la Fundación Tierra, una ONG que trabaja en temas territoriales indígenas, afirmó que los contratos eran abusivos y violaban varias leyes bolivianas. Un ejemplo era la cláusula de arrendamiento perpetuo, ya que el Código Civil establece un plazo máximo de 10 años.
“Los contratos son una estafa total”, dijo Morales. “Pero lo más extraño es que, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió. Primero, ¿Cómo entraron? ¿Cómo llegaron a estos lugares y comenzaron a acercarse directamente a sectores del territorio indígena amazónico?”
El gobierno boliviano aún no ha proporcionado todas las respuestas.
Tras conocerse el caso, emitió un comunicado negando vínculos diplomáticos con el país ficticio.
Ha comenzado a circular una fotografía del presidente boliviano, Luis Arce, sonriendo mientras recibe un libro titulado Estados Unidos de Kailasa de manos de una mujer que viste un sari color azafrán.
Aunque Arce no ha hecho comentarios, su directora nacional de migración, Katherine Calderón, dijo que la mujer había solicitado una foto con el presidente durante un evento, organizado por una confederación indígena en octubre, “como es común en cualquier reunión pública”.
El 24 de marzo, Calderón anunció que Bolivia había expulsado a 20 extranjeros “vinculados” a Kailasa –de distintas nacionalidades, entre ellas indias, británicas, estadounidenses y chinas– que habían ingresado al país como turistas pero buscaban “obtener tierras” en territorios indígenas.
Expertos como Morales han criticado la decisión, diciendo que el gobierno debería haber completado su investigación antes de expulsar a quienes pudieron haber estado involucrados.
Las asociaciones de periodistas bolivianas emitieron un comunicado conjunto denunciando amenazas que los periodistas habían recibido “de representantes del autoproclamado estado de Kailasa” desde que comenzaron a cubrir el caso.
Nithyananda, cuyo paradero sigue siendo desconocido, dio un “discurso presidencial en vivo” en las redes sociales el miércoles pasado para disipar “rumores maliciosos” supuestamente difundidos por “medios de comunicación antihindúes” que afirmaban que estaba muerto.
No mencionó directamente a Bolivia, pero su canal de YouTube ha publicado videos donde sus seguidores admiten haber firmado los contratos de arrendamiento y afirman que buscaban “apoyar la protección del medio ambiente… y [brindar] ayuda humanitaria” a las comunidades indígenas.
The Guardian no ha obtenido respuestas
The Guardian envió una lista de preguntas al gobierno boliviano y a la “oficina de relaciones internacionales” de Kailasa, pero no recibió respuesta.
La organización Territorio Indígena Multiétnico II, que incluye al pueblo Ese Ejja que firmó el contrato, emitió un comunicado en el que afirma que Kailasa había “manipulado” a algunos de sus representantes y se había “aprovechado de su vulnerabilidad para extraerles una firma con la promesa de dinero fácil”.
El grupo añadió: «Nuestro territorio no se vende, no se alquila, ni está sujeto a ningún tipo de negociación. Nuestra tierra es el legado de generaciones que la han cuidado y defendido con sangre y resistencia».