10 meses y 3 semanas después de haber sido posesionada como nueva magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la abogada del departamento de Oruro, Paola Verónica Prudencio Candia, fue posesionada como nueva presidenta del ente constitucional, luego que la Justicia determinará el cese inmediato de los autoprorrogados que tenían en su poder la directiva.
La nueva autoridad lanzó un encendido discurso institucional animada por la legitimidad que le dio su elección en los comicios judiciales de diciembre de 2023. Los cuatro magistrados electos tenían la legitimidad, pero, los autoprorrogados seguían teniendo el control de todas las instancias.
“Lamentamos que en el pasado reciente hayan encontrado las puertas cerradas, hoy, humildemente, pero con firmeza, les pedimos que renueven su fe en las instituciones, nosotros, los cuatro magistrados electos que contamos con la legitimidad de su voto, asumimos el mando de la nave en medio de la tormenta con la promesa solemne de llevarla a puerto seguro”, solicitó la presidenta a la ciudadanía.
La nueva presidenta enumeró las decisiones que adoptó la sala plena del TCP que por ahora estará conformada por cuatro magistrados: Ángel Edson Davalos Rojas; Boris Wilson Arias López, Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca. Dijo que existe suficiente jurisprudencia que avala un trabajo de cuatro magistrados.
La conformación de salas; la comisión de admisión; transmisión pública de sorteo de expedientes; unificación jurisprudencial; acumulación de expedientes para reducir la carga procesal; tratamiento de los reglamentos de funcionamiento de Sala Plena; reglamento de avocaciones; reestructuración y convocatoria pública para cargos jurisdiccionales y administrativos; auditorías internas; revisión del presupuesto; finalmente el levantamiento del cerco de seguridad del Tribunal Constitucional Plurinacional, fueron las decisiones de la sala plena.
La flamante presidenta recordó, en conferencia de prensa, que los exmagistrados no venían por sus oficinas, pero mantenían cerradas las puertas y dijo que en 2018 cuando la anterior administración concluyó su trabajo, había cero mora procesal.
“A nosotros nos han heredado más de 17.000 causas pendientes, eso también es una determinación que hemos asumido en Sala Plena, se están pidiendo los informes necesarios para tener el número real precisamente para responder a la necesidad del pueblo boliviano de que se resuelvan las causas de manera inmediata”, dijo a los periodistas.