El Consejo de la Magistratura abrió en Santa Cruz las Jornadas Nacionales de Evaluación Judicial, un proceso que busca consensuar un nuevo reglamento para medir el desempeño de jueces y juezas en Bolivia. El encuentro reúne a magistrados, fiscales, abogados, representantes de la sociedad civil y expertos internacionales.
Con este proceso, no solo estamos cumpliendo un mandato normativo. Estamos respondiendo a la exigencia ciudadana de contar con jueces probos, idóneos y justos, capaces de resolver con independencia y eficacia los problemas que aquejan diariamente a nuestra población. Porque no debemos olvidar que detrás de cada expediente hay una vida, una familia y una expectativa legítima de justicia.
El presidente del Consejo, Manuel Baptista, planteó que la evaluación debe ser entendida como una oportunidad para fortalecer la carrera judicial. “No se trata de sancionar, sino de garantizar transparencia y objetividad. Detrás de cada expediente hay una vida y una expectativa de justicia”, dijo al inaugurar el evento.
El programa contempla tres etapas regionales: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. La última cita será en Sucre, el 6 de octubre, donde se presentará el documento marco definitivo que fijará los parámetros de evaluación. La intención, según las autoridades, es dejar atrás reglamentos ambiguos y construir un sistema más claro y confiable.
Masiva presencia institucional durante el acto protocolar
La decana Gabriela Araoz insistió en que la evaluación no debe percibirse como amenaza, sino como una herramienta de mejora continua. “La justicia no puede estar divorciada de la sociedad. Necesitamos procesos transparentes y participativos”, afirmó.
El consejero Carlos Spencer Arancibia puso sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia jueces especializados por materias, con capacitación sólida y capacidad de respuesta rápida. “Queremos magistrados que atiendan con calidad y prontitud. A los buenos jueces los apoyaremos; a quienes incumplan la ley se los sancionará con firmeza”, advirtió. También anunció que los mejor evaluados podrán acceder a becas y programas de posgrado en el exterior.
Las Jornadas se desarrollan bajo el lema “Una evaluación con transparencia para confiar en la justicia”. La apuesta del Consejo es que un reglamento legítimo y plural pueda convertirse en un instrumento de confianza para la ciudadanía.
El proceso culminará en Sucre, donde se espera que el documento final refleje los aportes de jueces, abogados, académicos y representantes sociales. Para el Consejo de la Magistratura, se trata de un paso necesario para dar mayor independencia a la justicia y consolidar una carrera judicial más profesional.
El desafío, sin embargo, va más allá de redactar un reglamento. En Bolivia, la percepción ciudadana sobre la justicia ha sido históricamente negativa: procesos lentos, decisiones cuestionadas y falta de independencia marcan la agenda de reclamos. Las Jornadas Nacionales surgen, en ese sentido, como una oportunidad para demostrar que el sistema puede reformarse desde dentro, con apertura al diálogo y participación plural.
La inclusión de actores externos -sociedad civil, colegios de abogados y academia- busca darle legitimidad a un debate que antes se mantenía en círculos cerrados. Este cambio de dinámica puede marcar la diferencia: si las conclusiones logran plasmarse en un reglamento concreto y aplicable, el Consejo podría sentar un precedente de apertura institucional poco común en la historia judicial del país.
Otro punto clave es la proyección. La implementación de un sistema de evaluación sólido no solo repercutirá en la carrera de los jueces, sino también en la calidad de las sentencias, en la confianza de los litigantes y en la percepción internacional de Bolivia en materia de Estado de derecho.
El 6 de octubre, cuando se presente en Sucre el documento marco definitivo, no solo se cerrará un ciclo de jornadas técnicas, sino que se pondrá a prueba la capacidad de las instituciones judiciales para pasar de las palabras a los hechos
PARA SABER
Camino a la transparencia. “La evaluación no es sanción, sino un mecanismo de transparencia y fortalecimiento judicial”.
Participa la sociedad civil. Jueces, fiscales, abogados y sociedad civil participan en el diseño de un nuevo reglamento.
Jueces más calificados. La propuesta busca especialización de jueces y mayor confianza ciudadana en la justicia.
Contra la retardación. “El nuevo reglamento busca reducir la mora procesal y reforzar la confianza ciudadana en la justicia boliviana”.