Fue aliado del MAS y ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). Juan Carlos Huarachi fue enviado ayer a la cárcel con detención preventiva luego de ser imputado por la presunta recepción de dinero obtenido de coimas.
Para el denunciante, el abogado constitucionalista Abel Loma, la investigación ya arrojó indicios que implican a otros dirigentes de la COB y de entidades como la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Gestora Pública; además de los dirigentes de las denominadas organizaciones sociales afines a los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce Catacora.
El jurista aseguró que este caso marca un antes y un después para lo que es la participación de los dirigentes sindicales en la administración del Estado. “Se debe investigar a todo el entorno de Juan Carlos Huarachi, porque conocemos que dirigentes de otras organizaciones sociales como la Csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), dirigentes la Caja de Salud fueron cómplices de este tráfico de influencias. Huarachi tenía prerrogativas por sobre el presidente del Estado, ya que tenemos documentación que señala que nombró a sus parientes en cargos directivos de la Caja de Salud”, sostuvo Loma
El encargado de realizar la audiencia, que inició a las 15:00 y terminó a las 18:45, fue el juez Sergio Pacheco, a cargo del Juzgado 8° de Instrucción Cautelar en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. La imputación fue presentada por el fiscal Aldo Meza por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.
“El poder no es eterno”. El analista político Iván Rada considera que el caso de “Huarachi es un ejemplo de que la impunidad y el poder no son eternos. “Haber vendido a la COB durante todos estos años al régimen de turno, no fue gratis. El dirigente tuvo todos los privilegios y ahora le tocará responder por sus actos. Pero ojo, no hay que olvidar a Juan Carlos Trujillo o a Pedro Montes, quienes comenzaron esa relación incestuosa entre el ente matriz y el régimen del MAS durante 20 años”, señaló el politólogo.
Por su lado, el abogado de la defensa del exdirigente de la COB, Andrés Zúñiga, presentó un incidente de nulidad de la imputación, pero el mismo fue rechazado, debido a falta de fundamentos y la presentación fuera de tiempo. Asimismo, aseveró que Loma y la denominada “testigo clave” del Caso Coimas, Claudia Cortez, ya denunciaron antes a Huarachi, por el mismo hecho, y que la Fiscalía rechazó el caso por no hallar indicios suficientes, así como otras denuncias nunca probadas.
En audiencia, Zúñiga afirmó que su cliente no incurrió una conducta delictiva y que, los montos de dinero que Huarachi maneja en sus cuentas tienen un origen lícito. Uno de ellos es la renta vitalicia, de Bs 8.291, que recibe cada mes de la Gestora Pública, por una presunta enfermedad atribuida a su trabajo como minero.
Dirigentes implicados. En la imputación, el fiscal Meza señaló que, de acuerdo a una carta notariada del 30 de septiembre de 2023, y la declaración de Cortez, se presume que Huarachi recibió varias sumas de dinero, provenientes de las coimas que recaudaba el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, una de esas entregas fue de Bs 40.000.
Dicho pago se lo hizo en calidad de “préstamo”, a través de Milton Zelada Ponce, miembro del directorio de la COB, según la versión de Cortez. Este tipo de pagos se dieron en reiteradas oportunidades, “involucrando también a Ricardo Bernal del Carpio, exdirector administrativo de la Caja Nacional de Salud (CNS)”, señala el documento al que EL DEBER tuvo acceso.
Antes y un después
Loma sostuvo que, además de la renta vitalicia, Huarachi percibe un salario de Bs 24.000 como trabajador de la empresa minera estatal Huanuni. El jurista considera que, de aquí en adelante, es el Ministerio de Justicia, a través del área de Transparencia, que deben tomar las riendas del proceso e impulsar la investigación.
Señaló que la Fiscalía también debería pedir que se realicen estudios médicos a Huarachi, con el fin de verificar si es verdad que padece una enfermedad pulmonar. “En caso de que no sea así, se presumen que Huarachi, en complicidad de funcionarios de la Gestora, obtuvo un beneficio indebido y generó un daño económico grave al Estado, desde 2022”, manifestó el jurista.