Los casos Senkata y Sacaba que involucran al gobierno de Jeanine Áñez deben ser tramitados íntegramente en el ámbito judicial y el Gobierno solo facilitará las condiciones para que la Justicia tome en sus manos esos casos, dijo el flamante viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín.
“Nuestra política institucional es que se acabó la injerencia y ahora vamos a trabajar en la independencia, a quién le corresponde administrar justicia es a los jueces, a los vocales, a los magistrados, nosotros como Órgano Ejecutivo estamos para facilitar administrativamente las condiciones para que la administración de justicia sea una decisión jurisdiccional y no política”, dijo la nueva autoridad en conferencia de prensa.
Los casos Sacaba y Senkata fueron derivados a un juicio de responsabilidades luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinara que esos dos procesos en los que estaba acusada la expresidenta, Jeanine Áñez, fueron impulsados de forma irregular. Todo lo que se investigó hasta el momento de los juicios que ya se habían iniciado fueron anulados. Parte de los acusadores de ese caso eran el ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado.
Las víctimas de esos casos acudieron nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la decisión judicial y estatal pues los procesos estaban avanzados hasta las elecciones generales de agosto, después de los comicios cambiaron las decisiones judiciales.
La CIDH, a través de una misión, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (Giei), llegó a Bolivia y emitió un informe en septiembre de 2023 con recomendaciones, instando al Estado boliviano a la reparación integral de los daños producidos a las familias de heridos y fallecidos.
En septiembre de 2025 luego de conocerse las decisiones judiciales en torno ambos casos, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos), emitieron un comunicado en el que expresaban su preocupación porque las víctimas de ese entonces no tengan justicia.