El viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Wilder Quiroz Guzmán, tiene una denuncia en el Ministerio Público de la provincia Punata por la presunta falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado en 2017. La acusación indica que cuando aún no era autoridad logró que se le adjudique un contrato con un valor de más de Bs 1 millón con una boleta de garantía “falsa”, que le permitió ganar el proceso.
La bancada masista del departamento de Cochabamba impulsó esta demanda y la oficializó el 10 de febrero de este año.
Los documentos a los que tuvo acceso EL DEBER señalan que en fecha 20 de diciembre de 2017, se realizó el contrato administrativo de “Construcción Planta Procesadora de Lácteos Distrito Cañadas”, suscrito por Eufronio Balderrama en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Vacas y la Empresa Unipersonal Wilder Quiroz Guzmán con NIT 8049244011.
Quiroz se adjudicó el contrato por Bs 1.204.918 con la Boleta de Garantía con Nº de Serie: 135897 de fecha 13 de diciembre de 2017.
Dicha boleta no sería auténtica ni fue emitida por el Banco Nacional de Bolivia (BNB), según el informe de la misma entidad financiera. En fecha 12 de enero de 2022, el alcalde de Vacas, Edwin Coca Guarachi, solicitó al BNB la “Certificación de Autenticidad y Validez de la Boleta de Garantía”. La entidad bancaria respondió a los dos días y refirió que la boleta de garantía no fue emitida por esta institución. “Debido a que el formulario de la señalada boleta de garantía, que se adjuntó en copia simple, no corresponde a los formatos que hace uso el banco, las firmas ni los sellos tampoco corresponden al personal autorizado de nuestra entidad financiera evidenciándose por tanto la falsedad del referido instrumento bancario”, indica el certificado del BNB y que se adjunta en la denuncia de ocho páginas. Delitos El segundo delito por Falsedad material que según la norma aplica cuando se forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años. Sobre las denuncias, el diputado Juanito Angulo (MAS) pidió al Ministerio Público celeridad en los procesos que involucran al viceministro Wilder Quiroz. Asimismo, ratificó que el MAS no encubrirá a ninguna autoridad que incurra en hechos irregulares. “No encubriremos a nadie, por eso es que pedimos al Ministerio Público celeridad en el proceso de investigación, para que se pueda establecer si existieron irregularidades. (De probarse las denuncias), inmediatamente no solo debe ser destituido, sino detenido y sancionado como establecen nuestras normas vigentes”, sostuvo el diputado. Unidad fantasmas “Hemos verificado que la gestión 2021 el señor Wilder Quiroz monta una oficina fantasma, con cuatro funcionarios fantasmas que no realizan su trabajo”, acusó el diputado Héctor Arce. Dichas contrataciones habrían causado un daño económico por la suma de más de Bs 221.862.
Este medio se comunicó con el viceministro para que realice su descargo. Comunicó que se encontraba en una reunión y que se contactaría con nosotros. Sin embargo no lo hizo hasta el cierre de esta entrega.
La denuncia fue presentada por los diputados oficialistas Héctor Arce, María Cristina Choque, Lucy Escobar, Jhonny Pardo, Cecilio Alanes y Felicia Alejo y argumenta que se cometieron dos delitos enmarcados en el Código Penal.
El primero, Falsificación de documento privado que señala: “el que falsificare material o ideológicamente un documento privado, incurrirá en privación de libertad de seis meses a dos años, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio”.
La autoridad también tiene otra denuncia en la ciudad de La Paz por haber creado una unidad desconcentrada en Cochabamba con funcionarios “fantasmas”.
Según la demanda, existen cuatro procesos de contratación “irregulares” aprobados por el viceministro y que da el visto bueno a los informes mensuales de Celso Ch. C., Josseline Ch. S., Izzat R. N., Guido V. F., estos cuatro también denunciados.
La oficina en cuestión estaba conformada por cuatro funcionarios con sueldos de entre Bs 5 mil y Bs 9 mil, sin embargo, ninguno habría cumplido con los términos de referencias.
Los exfuncionarios también fueron denunciados por incumplimiento de contrato y uno por falsificación de documento por usar un diploma académico falsificado.