La aprehensión de un joven titoker cruceño, investigado por la presunta comisión de un delito financiero, generó una serie de reacciones entre distintos personajes del país. Si bien luego del mediodía se determinó su liberación, el hecho de que haya sido aprehendido generó mucha conversación en redes sociales e incluso la condena de activistas que llegaron hasta las puertas de la Felcc, en Santa Cruz, donde estuvo aprehendido.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que condena “el uso desproporcionado del poder punitivo del Estado en la detención (del joven identificado como J. C. V.) por la presunta comisión del delito de difusión de información financiera falsa”.
“No se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana. Las investigaciones deben ser transparentes, sin vulnerar derechos humanos. Estamos realizando el seguimiento al caso velando por su integridad física y el debido proceso”, escribió Callisaya en redes sociales.
El candidato presidencial de Súmate, Manfred Reyes Villa, también condenó la detención del joven denunciado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 11 de marzo de 2025.
Pero Reyes Villa sostuvo que “este tipo de prácticas, como en Venezuela, Nicaragua o Cuba, sientan un precedente peligroso: violar el derecho humano a la libertad de expresión”.
El candidato exigió la libertad inmediata del aprehendido en Santa Cruz y señaló que “el Estado no puede convertirse en un aparato de miedo ni criminalizar la voz de los jóvenes, sin importar su opinión política, económica o ideológica”.
El candidato presidencial de Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó que el “Gobierno abusa de su poder y mete preso a un tiktoker porque dice lo que todos saben: que nuestra moneda no tiene valor por culpa del modelo del MAS”.
“Deteniendo gente no van a resolver la economía, no van a conseguir dólares ni tampoco detendrán la devaluación del boliviano. Los masistas en todas sus versiones no saben corregir una crisis, no saben autocriticarse y mejorar; solo saben reprimir la libertad de expresión y ‘meter miedo’”, indicó.
La expresidenta Jeanine Áñez aseguró que J. C. V. “es un nuevo perseguido político del régimen masista en Bolivia” porque, en su criterio, fue aprehendido por “haber informado a otros jóvenes, sin ningún interés político, sobre las fluctuaciones del valor del dólar en Bolivia”.
Algunos periodistas y analistas, como Andrés Gómez, Raúl Peñaranda y Gonzalo Chávez, también se sumaron a la serie de cuestionamientos. Al igual que sus antecesores, consideraron que se cometió un “abuso” y que es un ataque a la libertad de expresión.