De acuerdo a la investigación abierta en la Unidad de Transparencia del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), con el CODIGO: MMAA-UTCC-120-2025, se busca esclarecer irregularidades en la contratación de la firma que realizó una auditoría jurídica a 89 procesos laborales en los que fue demandada la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), del departamento de La Paz.
“Los involucrados por una denuncia que está en proceso de investigación en la Unidad de Transparencia son William Mass Torrelio, jefe del Departamento Legal de Epsas; Iván Sánchez Ponce, jefe del Departamento de Auditoría y Luis Miguel Mamani Charca, a cargo de la Unidad de Contrataciones”, informó a EL DEBER el consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas.
En efecto, los documentos a los que este medio de comunicación accedió confirman que la jefa de la Unidad de Transparencia del MMAyA, Pamela Espejo, solicitó al actual interventor de Epsas, Pedro Flores, documentos sobre el proceso de contratación ANP 127/2025, por medio del cual se adjudicó el trabajo a la "Consultora Navarro & Asociados", por un valor de Bs 180.000.
Espejo detalla que esta información es requerida ante “presuntos actos de corrupción en procesos de contratación”. EL DEBER consultó la versión de los tres involucrados y del actual interventor de Epsas, Pedro Flores, no obstante, solo Mass respondió las consultas, deslindando responsabilidad.
De acuerdo a las especificaciones, la consultoría jurídica se debía realizar a 89 procesos laborales que trabajadores abrieron contra Epsas en 10 años, en su mayoría por despidos injustificados. Entre ellos también figura el caso que 401 trabajadores plantearon, porque se les quitó un bono de antigüedad y que luego de siete años ganaron y le costará a la empresa de agua al menos unos Bs 150 millones.
Herbas explicó que la irregularidad que investiga la Unidad de Transparencia del MMAyA radica en que la “Consultora Navarro & Asociados”, es de propiedad de Marcelo Liber Navarro Gonzales, ex Jefe del Departamento Legal de Epsas durante la gestión (2021) del ex interventor Miguel Ángel Gonzales, “sobre quién pesa un proceso penal por incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y uso indebido de influencias, en etapa de acusación en el Caso: CUD: 201102012103805 atendido por la Juez Wendy Luna Castro”, detalló el experto.
Mass, como jefe del Departamento Legal, aseguró que no podía atender las preguntas porque supuestamente no fue parte de la contratación de la firma que realizó la auditoría, “no podemos ser juez y parte”, aseguró. Por otro lado, afirmó que dicha auditoría analiza 89 procesos laborales, “no todos están perdidos” y que aún no se entregó el informe final.
Sin embargo, en la nota de adjudicación y el informe del proceso de contratación, del 21 y 23 de septiembre de este año, figura su firma como parte de la Comisión de Calificación que aprobó la contratación de la “Consultora Navarro & Asociados”. Otro punto contradictorio es el hecho que el contrato entre Epsas y la consultora señala un plazo de 45 días, para entregar de los resultados, a partir de la firma de contrato que se dio el 10 de octubre.
En ese contexto, Hérbas, expresó sus cuestionamientos en relación al trabajo de fiscalización que no cumplieron el ex ministro de MMAyA y exdirector de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Rubén Méndez, y el actual interventor de Epsas, Pedro Flores.
“Permitieron estos hechos irregulares y el asalto a los recursos de la empresa, perjudicando enormemente a la gente humilde que solicita agua potable y sale de esas oficinas con una respuesta negativa, porque supuestamente la empresa no tiene recursos económicos para atender sus demandas”, lamentó Hérbas.
Otros datos que dan cuenta de las irregularidades en investigación, son la convocatoria, adjudicación y contratación hechos en una semana, desde el12 de septiembre hasta el 19 de septiembre.
Pero en el informe de la comisión de calificación en el que fueron parte Mass, Sánchez y Mamani, también se refleja que la “Consultora Navarro & Asociados”, fue la única que se presentó y obtuvo una calificación de 100 puntos (excelencia), pues supuestamente cumplía con los requisitos solicitados para la evaluación técnica y económica.
“Un tercer elemento que nos hace presumir de corrupción en esta contratación es el plazo que se dio para realizar la auditoría jurídica de 89 procesos. Son solo 45 días; creo que se burlan de la inteligencia de la gente, solo analizar el proceso laboral del bono de antigüedad, que tiene más de 15 cuerpos y 25 mil páginas uno podría demorar semanas. Los otros 88 procesos laborales, de más de 10 años, no podrían ser evaluados legalmente en tan poco tiempo”, remarcó Herbas.