La madrugada del 2 de abril, David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) puso fin a la historia del ‘Convenio de préstamo para el Programa de apoyo de emergencia para respuesta al tema de Covid 19’, que estuvo en trámite durante 727 días en las diferentes comisiones y cámaras de la Asamblea Legislativa.
Al finalizar la sesión, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, declaró: “Le dijeron No al voto en el exterior, le dijeron No a todos los municipios y departamentos que están pasando graves momentos por las inundaciones, los desastres naturales. Le han dicho No al país, que quede grabado en la historia. Este tipo de créditos va a ser difícil que Bolivia los vuelva a conseguir”.
Sin embargo, el texto del proyecto de ley de aprobación del crédito japonés que fue recibido en la vicepresidencia del Estado, el 5 de abril de 2023, menciona fines distintos a los que argumentó el ministro Montenegro. Concretamente, el documento indica que el objetivo general es: “Implementar mejoras de políticas e instituciones que permitan conservar y reforzar los servicios públicos del sector salud y médico (...)” y señala que la entidad ejecutora debe ser el ministerio de Salud.
Al respecto, el 22 de enero, el embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, sostuvo que la demora de la ALP en la aprobación del financiamiento “afectará a la nueva cooperación del Gobierno de Japón”; sin embargo, también precisó el destino final de los recursos: “Son 100 millones de dólares. Esto es para el pueblo boliviano, para la salud”, sentenció.
Precisamente, un reportaje recientemente realizado por EL DEBER evidenció la grave crisis que enfrenta el sistema público de salud en el departamento de Santa Cruz donde los pacientes están hacinados, al extremo de que en el Hospital Japonés, las camillas de la morgue se están utilizando para atender a pacientes que luchan por su vida.
Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, explicó a EL DEBER, que el destino de los fondos está claramente establecido en el contrato de préstamo. No obstante, podría darse un uso distinto siempre y cuando exista un informe técnico del Ejecutivo que justifique la reasignación y que esté avalado por la institución que otorga el préstamo (JICA). “En caso contrario, la Ley SAFCO es clara, se estaría incurriendo en malversación”. Al respecto, es preciso recordar que el Gobierno mencionó al menos cuatro posibles usos de los fondos de JICA: compra de combustibles, voto en el exterior, transmisión de resultados de las elecciones generales y, recientemente, atención de los desastres provocados por las inundaciones. ¿Elecciones en riesgo? María Angélica Ruiz, exvicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, explicó a EL DEBER que anualmente el Órgano Electoral ejecuta un plan operativo anual financiado en gran medida por los ingresos que genera el Serecí. En procesos electorales, se presenta un POA específico, “y es obligación del Poder Ejecutivo otorgar esos fondos sea cual fuese los fondos de financiamiento; sin embargo siempre tendrá que haber una contraparte local qué necesariamente debe ser otorgada por el Ejecutivo”, precisó. Por su parte, Cecilia Requena, senadora por Comunidad Ciudadana, lamentó el rechazo al crédito japonés dadas sus ventajosas condiciones. “Me preocupa que ayer (martes) hayan ganado quienes prefieren desestabilizar el país de múltiples modos, incluyendo la puesta de obstáculos a la realización de elecciones generales demoras ni dificultades adicionales que garanticen su credibilidad”, remarcó. Y en medio de las contradicciones, se cerró la puerta del crédito japonés hasta que se instale una nueva legislatura que iniciará con la asunción del nuevo gobierno, mientras todos los actores involucrados, desde médicos hasta vocales, tendrán que ver la forma de salir adelante en medio de una crisis en la que escasean los dólares y abundan los problemas. PLAZO. El préstamo asciende a 15.000 millones de yenes japoneses, equivalentes a aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses. CONDICIONES: Tasa de Interés: 0,01% anual. ÓRGANO EJECUTOR. Ministerio de Salud y Deportes. Proceso legislativo. El proyecto de ley tendría que ser repuesto en la próxima legislatura.
¿Existía libre disponibilidad?
Requena recordó que aprobar el crédito era parte del compromiso acordado por amplio acuerdo de actores políticos para garantizar las elecciones, a convocatoria del TSE hace unas semanas.
CRÉDITO JICA
Plazo de Amortización: 15 años, incluido el período de gracia.