El viceministro de Transparencia, Yamil García, consideró este miércoles que el Ministerio Público debe realizar una “tercera línea investigativa” a partir del caso denominado “narcomaletas”.
Al momento están en curso dos investigaciones: la primera por el ingreso al país de 32 maletas, con el presunto uso de pasaporte diplomático de una exdiputada, que llegaron en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos y la segunda por el hallazgo de sustancias controladas en el galpón de un juez, que es amigo de la exparlamentaria.
“Sin embargo, este hecho no se agota simplemente ahí. Nosotros, como Gobierno, consideramos que inclusive puede haber una tercera línea investigativa (porque) existe otro aspecto que debe investigarse y tiene que ver con la procedencia de los recursos económicos que han financiado ese vuelo”, dijo García.
La autoridad gubernamental afirmó que “es poco usual” que se genere un vuelo chárter desde Estados Unidos hasta el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, “con el costo de aproximadamente 180 mil dólares”.
“Por lo que también debe investigarse una presumible legitimación de ganancias ilícitas”, señaló el viceministro en una entrevista con Bolivia TV.
Remarcó que el Gobierno está “absolutamente predispuesto” para brindar toda la información y toda la cooperación necesaria “para que la verdad completa pueda ser expuesta”.
Hay que tener “la certeza de cómo ocurrieron los hechos de principio a fin, por lo que nosotros consideramos que durante esta etapa preparatoria se tiene que requerir, además, la verificación financiera del origen de los recursos económicos que financiaron el vuelo chárter. Nosotros creemos que el Ministerio Público debe incorporar esta línea investigativa y como gobierno vamos a proveer de todos los elementos necesarios”, insistió.
Antecedentes
Según información de la Fiscalía, la exdiputada Laura Rojas arribó al aeropuerto Viru Viru en un jet privado junto a sus hijas y más de 30 maletas el 29 de noviembre de 2025. Un día después, usó su pasaporte diplomático, que había caducado, para retirar esas maletas y evitar los controles aduaneros.
Se presume que las maletas fueron llevadas en un microbús desde Viru Viru hasta un galpón de la empresa Ebose (de propiedad del juez Hebert Zeballos), que fue allanado el 20 de enero y donde fue encontrado un cargamento de 79 kilos de marihuana, además de una máquina procesadora de esa sustancia controlada.
Al momento el juez cumple una orden de detención preventiva de 120 días y la exdiputada está aprehendida.