La investigación, procesamiento y sentencia del ex ministro Arturo Murillo fue un trabajo desarrollado por cuatro instituciones y nueve personas, la mayoría abogados. La misión consistía en desentramar los nexos de Murillo con sus cómplices estadounidenses con quienes pactó el sobreprecio en la adjudicación de compras para el Estado boliviano. La información se desprende de los documentos del Departamento de Estado de EEUU.
La División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami, y la Sección de Fraudes de la División Criminal fueron las instituciones que participaron, según el reporte del Departamento de Justicia de EEUU.
Los fiscales Kenneth A. Polite, Jr; Juan Antonio González; el agente Michael E. Buckley actuaron a lo largo del caso. Luego se sumaron Jil Simon Gerald M. Moody Jr, Eli S. Rubin, Gabrielle Charest-Turken y dos agentes que investigaron todo el caso.
La investigación se dio en el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) que está vigente desde 1977. Se promulgó con el propósito de hacer ilegal que ciertas clases de personas y entidades (de EEUU) realicen pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios”, señala parte de la norma aplicada contra Murillo.
Arturo Murillo y otras cuatro personas han sido condenadas por el cobro de comisiones para la adjudicación privilegiada en la compra de materiales no letales para la policía. Además de la exautoridad, se encuentran en prisión su ex jefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal; los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld.
Todos ellos se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022.
Las disposiciones antisoborno de la FCPA se aplicaba a todos los ciudadanos estadounidenses. Desde la modificación de la norma en 1998, abarca “a las empresas y personas extranjeras que provocan, directamente o a través de agentes, un acto para promover dicho pago corrupto dentro del territorio de la Estados Unidos”, señala el documento.
Según la investigación, Arturo Murillo contactó a Berkman y Lichtenfeld para que, a través de su empresa Bravo Tactical Solutions, suministrara al Gobierno de Jeanine Áñez armas no letales. Las indagaciones estipulan un monto pactado de $us 5,6 millones, pero se descubrió que hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones. De acuerdo con los datos oficiales, Murillo y su ex jefe de Gabinete recibieron $us 602.000 en sobornos.
Casi tres años después de haberse iniciado la investigación, Murillo recibió la condena de 70 meses de prisión. A partir de ahora es, oficialmente, el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.