Marcos Roberto Almeida, alias ‘Tuta’, de 52 años, uno de los principales líderes del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC), fue entregado a la Policía Federal de Brasil el 18 de mayo, un día después de haber sido capturado por autoridades bolivianas. La entrega se realizó de forma exprés, sin conocimiento ni autorización de la Fiscalía, a pesar de que el detenido enfrentaba procesos pendientes en Bolivia por uso de documentación falsa y cargos vinculados con el narcotráfico.
“Este operativo se constituye en un golpe importante contra el crimen organizado transnacional y refuerza la coordinación efectiva entre las fuerzas del orden de la región”, declaró el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solo dos horas antes de dejar su cargo para postularse a la presidencia del Estado.
La aprehensión de ‘Tuta’ ocurrió el 17 de mayo, el mismo día en que el MAS oficializó a sus candidatos para las elecciones generales del 17 de agosto. A Del Castillo lo acompaña en su binomio el dirigente campesino Milán Berna, cercano al presidente Luis Arce.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reveló que Almeida ya estaba siendo procesado en Bolivia y tenía una audiencia de medidas cautelares prevista para el domingo 19 de mayo; sin embargo, para entonces, ya había sido entregado a las autoridades brasileñas. Desde Sucre, Mariaca anunció que se iniciarán investigaciones para establecer responsabilidades, recordando que la Policía está obligada a coordinar sus acciones con el Ministerio Público. Aclaró además que el procedimiento de extradición no fue cumplido conforme a lo que exige la ley.
Según agentes de la Interpol y la Felcc que hablaron con EL DEBER, el 18 de mayo se ejecutó una “expulsión” por razones migratorias, un procedimiento administrativo que usualmente consiste en escoltar al extranjero hasta la frontera. No obstante, este mecanismo no debió aplicarse en el caso de Almeida, quien tenía una imputación formal vigente y debía ser presentado ante un juez.
El nuevo ministro de Gobierno, Roberto Ríos, no respondió al cuestionamiento del fiscal general ni ofreció explicaciones sobre la cercanía de oficiales policiales con el capo del PCC. Días después, un mayor de Policía, acusado de haber brindado protección a ‘Tuta’, fue aprehendido y enviado a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Fuentes de la investigación sostienen que detrás de los agentes involucrados podría operar una red con vínculos de poder político, aunque no han podido precisar los nombres. El MAS, que controla el Estado desde 2006 —salvo durante la crisis de 2019–2020—, ha sido acusado de ejercer dominio sobre instituciones clave como el sistema judicial, según denuncias de expertos que toman como base los fallos judiciales.
Fiscalía marginada
“Tras realizar la imputación formal en la mañana del domingo (19 de mayo), debía llevarse adelante la audiencia cautelar”, recordó Mariaca. “Lo que nos preocupa como Ministerio Público —y a mí como su máxima autoridad— es que, sin notificación previa, sin orden judicial y estando el imputado bajo proceso, se haya dispuesto su traslado a otro país”, lamentó.
El fiscal general advirtió que este tipo de irregularidades podrían ser aprovechadas por la defensa del acusado para impugnar procesos o demandar al Estado boliviano.
Policías bajo sospecha
La presencia del mayor de Policía Gabriel Jesús Soliz Heredia junto a ‘Tuta’ en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) fue captada por las cámaras de seguridad. En ese momento, Almeida intentaba renovar un documento utilizando una identidad falsa. Soliz, que ejercía como jefe de Inteligencia en la Felcv, está ahora imputado y se lo investiga por uso indebido de influencias, corrupción y encubrimiento.
Informes de inteligencia señalan que el oficial gozaba de trato preferencial en su unidad, actuaba con autonomía y posiblemente contaba con protección política. Incluso se sospecha que registró bienes de alto valor a nombre del capo brasileño.
El abogado y la identidad falsa
Otro personaje clave es un abogado conocido como Juan de Dios, identificado como el encargado de tramitar la documentación adulterada que permitió a Almeida presentarse como Maycon Gonçalves da Silva. Las cámaras del Segip lo muestran entregando los documentos al brasileño, quien luego los presentó en la ventanilla de Extranjería del Segip.
Tras la captura, el director del Segip en Santa Cruz, Alpacino Mojica, denunció que recibió amenazas de muerte por su papel en el esclarecimiento del caso. “Me dijeron que me iban a callar”, reveló tras formalizar la denuncia ante la Felcc. El ministro Ríos ordenó que se le asigne resguardo policial, mientras su familia teme por su seguridad.
Su hermano, Paolo Mojica, advirtió que el caso revela una peligrosa infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado. Ríos no ha comentado públicamente sobre estas evidencias.
El capo y su red
Según la Policía Federal de Brasil, ‘Tuta’ huyó en 2020 y desde entonces dirigía operaciones del PCC desde Santa Cruz, bajo una identidad falsa. Estaba vinculado a asaltos a carros de remesas, tráfico de armas y cocaína, y lavado de activos mediante el sistema informal de cambio conocido como “dólar-cabo”.
Al momento de su captura, ya había tres líderes del PCC presos. ‘Tuta’ era el último cabecilla libre y era considerado el cerebro financiero de la organización. En Brasil lo esperan condenas por asociación criminal, lavado de dinero y delitos de lesa humanidad.
En 2022, medios brasileños reportaron que el capo había sido secuestrado por su propia banda tras ordenar ejecuciones internas sin autorización del “tribunal criminal” del PCC, versión que fue desmentida por Del Castillo cuando aún ejercía el cargo de ministro.
Otro caso
El 24 de enero, el exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman de 54 años, buscado por delitos de lesa humanidad desde hace 28 años, iba ser expulsado y puesto a disposición de las autoridades de su país, pero una orden de último momento en Bolivia frenó ese proceso. Chile formalizó luego el pedido de detención con fines de extradición.
Muñoz es famoso por haber protagonizado una fuga de película en un helicóptero de una cárcel de máxima seguridad de Santiago. Desde hace más de tres meses nadie sabe de su paradero.