La Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aprobada hace 11 años, establece como prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia ellas. Sin embargo, una senadora del MAS, por un lado, y activistas, en su mayoría mujeres, que se han lanzado a las calles con un plantón y dos marchas, por otro, exigen modificarla porque aseguran que se ha convertido en un instrumento para encarcelar varones a sola denuncia y sin pruebas. Mientras, más de 130 organizaciones feministas deslindan responsabilidad y apuntan a la justicia, pero al mismo tiempo exigen cambios también porque el 95% de 400 mil procesos que se ventilaron al amparo de esta norma no tienen sentencia. La senadora del ala evista, Patricia Arce, presentó un proyecto de ley a mediados de abril, en el que proponía la siguiente modificación al artículo 94 de la 348: “En los casos de violencia sexual, dentro el referido plazo, la autoridad fiscal deberá recibir la declaración de la víctima en cámara Gesell, con asistencia de peritos especializados, de tal forma que, a la conclusión del acto de declaración, los mencionados peritos presenten dictamen sobre la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental que debe ser necesariamente corroborada por otros medios de prueba”, señala el documento de la asambleísta del MAS. “En los demás casos de violencia en razón de género, la declaración de la víctima no constituye prueba fundamental, excepto el testimonio de las niñas, niños y adolescentes, que fueran víctimas o testigos de un hecho de violencia familiar o doméstica, que goza de presunción de veracidad en el marco de la Ley 548”, remata el proyecto. La actual redacción de ese artículo es absolutamente contraria y reseña que las declaraciones de las mujeres víctimas se deben realizar “procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes y careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención”. El 17 de abril, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tras la lectura de la correspondencia en la que se mencionó el proyecto de ley modificación redactado por su colega Arce, disparó contra la ley vigente, con una declaración muy elocuente: “Es muy buena iniciativa (el proyecto de ley presentado), porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente la senadora Andrea (Barrientos) no estará de acuerdo, pero definitivamente hay bastante abuso y nos consta, a mí me consta, lanzó. En la misma sesión, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, muy molesta, advirtió al presidente Rodríguezque “bajo ninguna circunstancia le permitiría decir que la Ley 348 ve a los hombres como enemigos”. Pese a que la norma fue aprobada en la gestión de Evo Morales, Barrientos aseveró que “es el resultado de una lucha de casi 50 años de las mujeres, para que no nos maten, para que no nos violen, para que no nos abusen. ¿Sabe quién falla? Los operadores de Justicia, no es la norma la que plantea a los hombres como enemigos. La norma también protege a los hombres”, afirmó la opositora. “Usted está desconociendo la lucha de las mujeres, usted está desconociendo un avance histórico en este país. Su comentario no es apropiado bajo ninguna circunstancia, yo le pido se retracte, le exijo”, exclamó. Minutos más tarde, ya no en la sesión, sino a través de sus redes sociales, el mismo Rodríguez publicó: Ratifico mi convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres, a través de la Ley 348. Sin embargo, por malos operadores de justicia se usa esta norma para vulnerar otros DDHH. No podemos desconocer esta realidad. Me excuso, si se malinterpretaron mis palabras. La coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, Mónica Bayá, señaló que las declaraciones “desatinadas” del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la presentación de dicha propuesta normativa ha desencadenado ataques a la Ley 348, bajo “argumentos descontextualizados y generalizaciones que no se basan en evidencia”. “El problema no radica en la ley en sí misma, ni mucho menos en que sea una ley ‘antihombres’, sino que es por un sistema de justicia, donde existe corrupción, abuso de la detención preventiva, defensas deficientes y abogados que utilizan el sistema penal como medio de extorsión, indistintamente del delito que se trate”, dijo Bayá. Asimismo, remarcó que hay aspectos de la ley que deben mejorarse, pero eso debe realizarse tras una “evaluación seria” a su implementación y con base en evidencias. “La Ley 348 es el principal instrumento normativo de protección específica a la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres (…). No todos los hombres son agresores y eso lo sabemos, no se nace violento, ello es consecuencia de factores socioculturales, la violencia se aprende y, peor aún, se normaliza”, enfatizó. De hecho, un manifiesto publicado por más de 130 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niñas de Bolivia, lamentó que a raíz de “las desatinadas declaraciones del presidente del Senado” hayan surgido ataques a la Ley 348 bajo argumentos descontextualizados y generalizaciones que no se basan en evidencia, responsabilizando a la norma de abusos en contra de los denunciados, aunque muchos argumentos más bien se refieren a la mala aplicación por parte de algunos operadores de justicia a lo cual se han sumado grupos conservadores y antiderechos”. Cabe observar, dice el documento, “que el problema observado no radica en la ley en sí misma, ni mucho menos en que sea una ley ‘antihombres’ o inconstitucional, sino en un sistema de justicia en crisis, que muchas veces vulnera derechos y garantías de las personas. El documento de las 130 organizaciones feministas arguye que “si bien la violencia es un problema social que puede afectar a todas las personas dentro de las sociedades patriarcales, la violencia machista, abordada en la Lay 348 es la forma de violencia más generalizada y sistemática contra las mujeres en Bolivia, en la cual los hombres son los principales agresores. Esta ley no discrimina a los hombres, sino que trata de responder a las características específicas de este tipo de violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada por ser mujeres”. Las feministas aseguran que el los más de 11 años de vigencia de la Ley 348 se han denunciado más de 400 mil casos (Fiscalía General del Estado, 2023), cuya mayoría, el 95% no ha logrado una sentencia. “Es más, muchos quedan en el camino porque el sistema termina expulsando a las mujeres, obligándolas a volver con sus agresores, ante las presiones y amenazas e incluso relaciones de dependencia. Por otra parte, el sistema de atención de casos de violencia presenta graves limitaciones, tanto en infraestructura, como en recursos humanos y equipamiento, lo cual deriva en la retardación de justicia e impunidad. Además, no se cuenta con personal especializado y los costos se siguen transfiriendo a las víctimas, lo que muestra falta de voluntad política para la implementación de la norma”. El manifiesto puntualiza que Bolivia no es “en términos generales un país violento, pero es un país violento con las mujeres”. De hecho, asegura que la violencia familiar es el delito de mayor frecuencia en el país, por encima de cualquier otro delito. Asegura que, según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres en relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia (INE, 2016). Más del 70% de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas. Esto evidencia que la violencia sí tiene género”. Otra visión Pero incluso antes de la presentación del proyecto de ley, en La Paz ha confluido una inquietud que surge de grupos de activistas de todo el país, que buscan la modificación de la ley 348 y que se evidenció en las calles a través de un plantón, el 27 de marzo; y dos marchas, el 8 de abril y el 23 de abril. Este movimiento tiene a muchas mujeres y varones movilizados, y está, además, encabezada por ellas antes que ellos. Un ejemplo es la activista Carola Antezana Pantoja, del grupo Libera Justicia, quien asegura que los movimientos feministas “se aferran a la ley 348 y dicen que defiende a la mujer”. Es muy crítica con la visión no solamente de la senadora Andrea Barrientos, sino también con la óptica más radical aún, de grupos como Mujeres Creando, encabezado por María Galindo. “Estos dos personajes y todas aquellas mujeres que pertenecen a los colectivos de feminismo hegemónico no conocen el bien y pretenden implementar la justicia desde su corta visión sin importarles caiga quien caiga, sean hombres, mujeres, e incluso niños. Además de eso, pretenden en sus pensamientos retorcidos darnos lecciones de moral y libertad”. La ley 348, para Antezana, es un ejemplo de ello. “Se aferran a ella diciendo que defiende a la mujer, cuando la realidad es completamente contraria. Es una norma vicaria, que le dice no a la presunción de inocencia, no a la igualdad ante la ley. Va en contra de la verdad, porque fuerza al sistema a creer que la mujer puede enjuiciar a una persona sin pruebas. Es un arma peligrosísima en manos de aquellas mujeres que tienen sed de venganza. Por más que el hombre se esfuerce en probar que existió un consentimiento en la relación, igual va tras las rejas. Esto ha incrementado las denuncias falsas, y lo que los colectivos feministas hacen es una apología de la mentira, hacen creer que las mujeres están protegidas con esta ley, cuando es todo lo contrario por los malos operadores de justicia y por crear leyes que van contra nuestra Constitución y contra el Código Penal”. Denunció que lo que logran con esa radicalidad “es una pugna entre padres, madres e hijos que ven a sus seres amados peleándose. Han logrado que los hombres ya no se atrevan a dar cumplidos ni piropos a las mujeres, por miedo a ser denunciados. Que ambos sexos tengan una disputa, sobre todo económica y no en base a la moral. En Bolivia, se ha demostrado que la violencia no tiene género ni sexo, pero sí tiene impunidad. Por eso vamos primero por la modificación de la ley, como primer paso, para luego lograr la abrogación de esta ley que en el fondo destruye a la familia”. La abogada Daniela Sanabria complementó que la ley pisotea el debido proceso y postula la informalidad. “¿Qué quiere decir eso? Si me hago valorar con un médico particular, presento e inicio una persecución penal. A través de esta informalidad se ha evidenciado uso de documento falsificado, se abrieron procesos con certificados médicos falsos, se abrieron procesos de violencia psicológica con informes de profesionales que no existen”. Para agravar la situación del imputado, la abogada asegura que se fraguaron documentos de Segip y otros, para “generar el mandamiento de aprehensión y llevar a las personas tras las rejas. Los jueces valoran más el testimonio de la supuesta víctima antes que los hechos y las pruebas, es absolutamente inaudito”. En resumen, según la jurista, solamente con una denuncia una mujer puede mandar a prisión a un varón solamente con un requisito: una declaración. “En estos casos, cualquier varón, sin importar la edad ni condición social, puede ir a parar a la cárcel, porque está en estado de total indefensión”. Planteó el caso de un joven, Christian, quien tenía una relación con una muchacha. “Un día que estaban compartiendo a ella se le perdieron Bs 2.000. Para recuperar su dinero, ella fue y lo acusó de violación. Además, le dijo que iba a levantar la acusación si él le devolvía el dinero. El joven es de escasos recursos, no pudo pagar y se encuentra en la cárcel de San Pedro, con detención preventiva. Luchamos año y medio para levantar las pericias, primero, la de biología forense, que determina si es que ella tuvo relaciones sexuales. Obtenido este examen se realiza el de genética forense, donde se aclara si es que los espermatozoides, bello púbico u otros elementos pertenecen al acusado. La primera parte nos tomó cinco meses. Efectivamente, a la señorita se halló espermatozoides, líquido prostático y bello púbico. De ahí peleamos otros ocho meses para la segunda parte (pericia genética), la mamá de Christian peregrinaba todos los días en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que salga el informe. Gracias a Dios ya salió, pero como el plazo de la investigación ya feneció nos fuimos a juicio. ¿Cuál fue el resultado? Salió que las pruebas colectadas en la jovencita no coinciden con las del acusado. Es decir, se descartó cualquier violación”. El siguiente paso es iniciar un proceso por denuncia falsa en contra de ella, “pero a una petición de cesación a la detención preventiva nos respondieron que ella corre peligro con la libertad del joven, y por eso el juez determinó que mi defendido se quede encerrado. No sabemos cuánto tiempo tomará sacarlo de prisión, y peor aún, con el tiempo transcurrido no sabemos si cuando lo logre podrá acusarla a ella, porque en la ley hay plazos y los casos prescriben”. Por ello, uno de los cambios que este grupo exige a la ley es que los casos de denuncias falsas no prescriban, como está estipulado en la actual redacción. “Cuando se solicita una pericia, es revictimización. Cuando se piden pruebas, revictimización. Mienta o no, es revictimización”, aseveró. Por eso coinciden con que la supuesta víctima declare con mecanismos para detectar si es que miente o no. Otro caso, el de Jorge, denunciado por su exesposa por violencia familiar. “Para privarlo de libertad, ella falsificó el informe del Segip para señalar que, tras la notificación, se habría escapado a la provincia Manco Kapac. Está en San Pedro. La señora, actualmente esposa de un oficial de policía, mete memoriales indicando que recibiría amenazas de parte de él desde el interior del penal. Todo esto, al parecer, porque la actual pareja no sabía que ella estaba casada anteriormente. Cuando se entera, le arma esta denuncia falsa, incluso con el fin de invisibilizarlo. Piden requisa de la celda muy seguido, y siempre le conceden. Hay uso de influencias. Ese es el modus operandi de una falsa denuncia, lo hacen sin fijar tiempo ni espacio. Es decir. La mujer denuncia que Juan Pérez me amenazó, me dijo que me matará y que me violará. Llamó de un número privado, la fecha exacta ni hora. Eso deja en indefensión al supuesto autor”. Por eso, pedirán que este tipo de denuncias, que no tienen datos ni pruebas concretas, sean rechazadas. El pronunciamiento de más de 130 organizaciones insiste en que ni la Ley 348 “ni quienes la impulsamos consideremos a los hombres nuestros enemigos, pues no todos los hombres son agresores, esto lo sabemos todos y todas. No se nace violento; ello es consecuencia de factores socioculturales, la violencia se aprende, y peor aún se normaliza. Así, no es la Ley 348 la que destruye a las familias, sino la violencia machista. En este contexto, el Estado debe asumir la prevención de la violencia contra las mujeres como una tarea de alta prioridad”. Por eso, advierte que “es inadmisible que los legisladores y legisladoras, quienes deberían ser vigilantes de nuestros derechos, desconozcan la importancia, el espíritu y el contenido de la Ley 348. Exigimos que, lejos de poner en duda el dolor de las víctimas de violencia, se comprometan con su trabajo y fiscalización y garanticen la efectiva implementación de la citada ley, la cual es resultado de la larga lucha de las mujeres”. En ningún caso, los movimientos feministas niegan que existan estos abusos contra varones, pero legisladoras, y activistas feministas aseguran que eso es culpa de la justicia, y no de la redacción de la ley. Pero, el tema está en el debate.
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