La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para modificar la Ley 1352 y ampliar de tres a seis meses el plazo de permanencia en el país de exautoridades, con el objetivo de evitar la impunidad y asegurar que la Contraloría General del Estado emita informes que determinen responsabilidades civiles, penales o administrativas antes de que los exfuncionarios abandonen el país.
Manolo Rojas, presidente de la comisión, explicó que la iniciativa responde a un “cuello de botella” en la Contraloría, que en casi tres meses de gestión del nuevo Gobierno no ha entregado informes claros sobre posibles responsabilidades en ministerios y empresas estatales. “No tenemos informes que reflejen responsabilidad civil, penal o administrativa. Al salir, algunas exautoridades se han llevado información y documentos, y eso impide investigar. Si se van sin que se aclaren estos informes, lo que provocamos es impunidad”, afirmó.
El proyecto —que debe ser validado por el pleno de Diputados y luego por el Senado— busca dar estabilidad jurídica a las instituciones y permitir que se recupere dinero público en caso de malversación. “Seis meses es un plazo prudente y razonable. Si un exfuncionario no le debe nada al Estado, puede irse tranquilo; pero si hay responsabilidades, el país debe conocerlas y actuar. Esta norma tiene carácter de urgencia porque el plazo actual vence el 14 de febrero”, señaló Rojas.
¿A quiénes alcanza la ampliación?
La modificación propuesta amplía el alcance de la norma a las máximas autoridades del Estado y de entidades públicas y mixtas, incluyendo al Presidente y Vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales, concejales y máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas. Quedan fuera de la restricción los funcionarios por debajo del nivel directivo; sin embargo, Rojas recordó que la Ley SAFCO establece responsabilidades específicas para las MAE, por lo que el control se focaliza en quienes toman decisiones.
La medida no solo aplicaría al Gobierno central, sino también a gobiernos departamentales y municipales, y alcanzaría a autoridades salientes tras los procesos electorales subnacionales previstos para marzo, una vez concluido el periodo de transición. “Consideramos que seis meses es un plazo razonable para tener todas las cuentas claras”, añadió el diputado.
Urgencia legislativa
Rojas indicó que el proyecto será tratado con trámite de urgencia debido a la proximidad del vencimiento del plazo vigente. La Comisión prevé remitir la propuesta a la Asamblea para su consideración inmediata. “Lo más importante es garantizar transparencia y estabilidad institucional. Hoy sesionamos para viabilizar el proyecto de ley y evitar que la salida apresurada de exautoridades bloquee investigaciones clave”, sostuvo.
La iniciativa abre un debate político y jurídico sobre el equilibrio entre debido proceso, estabilidad institucional y lucha contra la impunidad, en un contexto de transición gubernamental y de reclamos por mayores controles a la gestión pública.