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El nuevo delegado presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el abogado tarijeño Gustavo Antonio Ávila Mercado, goza de la confianza del presidente Luis Arce que lo eligió por segunda vez como su delegado ante el Órgano Electoral. Ávila de larga trayectoria en el ámbito electoral hizo carrera en su natal Tarija, donde el 10 de noviembre de 2019 fue aprehendido y procesado por el caso de presunto “fraude” de las elecciones de es año.

Tras ser absuelto de los cargos en julio de 2021, junto a los otros vocales electorales, el abogado Ávila arremetió con todo contra el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las elecciones de 2019, que según él, no llevaba la firma de ningún experto, calificó al gobierno de Jeanine Añez como “de facto” y apuntó al secretario de la OEA, Luis Almagro de ser el responsable de los procesos contra los vocales electorales de 2019 y pidió que sea procesado por “vulnerar” los derechos humanos de los vocales.

El 18 de agosto de 2021, Ávila responsabilizó al secretario de la OEA, Luis Almagro y anunció procesos contra todos los que vulneraron sus derechos.

“Yo creo que el principal personaje en nuestro caso, que ha vulnerado nuestros derechos es el señor (Luis) Almagro. Tiene que ser investigado, tiene que ser procesado y si este señor tiene un mínimo de dignidad, él y los supuestos 36 auditores que han llegado a Bolivia (para realizar la auditoria electoral en 2019) porque no los conocemos (…) tienen que venir a Bolivia a rendir cuentas al Estado, si es que tienen dignidad, y si no es así, el Estado tiene que procesar a estos serviles ante la justicia internacional”, decía Ávila en una entrevista a Bolivia Tv Regional Tarija.

Y en seguida afirmó que por el informe preliminar de la OEA se vulneraron los derechos humanos de todos los vocales electorales y el debido proceso. Aseguró también que tras esos sucesos en Tarija se generó una intensa persecución política contra los vocales.

“Tarija no ha sido la excepción. Hay funcionarios de gobierno de facto, como los representantes de la Procuraduría, como los representantes de la presidente de facto Jeanine Añez que ha realizado una persecución constante contra nosotros (los vocales)”, decía Ávila.

En las últimas horas, Ávila fue designado por Decreto Supremo 5141, como delegado presidencial ante el TSE, en reemplazo de Dina Chuquimia, que estuvo en el cargo casi tres años.

Pero no es la primera vez que el jefe de Estado fija su atención en Ávila, en 2021, también lo designó como delegado presidencial ante el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Tarija, entidad a la que retornó después de enfrentar la denuncia por las presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2019, comicios que fueron anuladas por el expresidente Evo Morales.

“Mi trayectoria de 19 años en el campo electoral no sólo es un reflejo de mi experiencia, sino también del inquebrantable compromiso con los principios democráticos”, dijo Ávila para sellar su ingreso al TSE tras ser posesionado por el vicepresidente David Choquehuanca.

Y es que la nueva autoridad edificó su carrera en el campo electoral desde los cargos técnicos, según la hoja de vida que está publicada en la página web del TED Tarija.

“Trabajó 9 años en el Órgano Electoral, como Promotor, Capacitador y Coordinador Electoral, así también; Auxiliar de Secretaria de Cámara, Asesor y Secretario de Cámara. Posteriormente desempeñó el cargo de Secretario General en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija desde el año 2011 al 2017. El 13 de noviembre de 2017, fue posesionado como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 17 de noviembre fue elegido unánimemente por Sala Plena como presidente”, se lee en el portal digital.

En los últimos años, tras volver al TED con el respaldo de Arce, el vocal Ávila fue elegido presidente de la entidad regional.

Sin lugar a dudas, el momento más complicado que hasta la fecha le tocó enfrentar al abogado Ávila en su carrera profesional, fue entre 2019 y 2020, tras la convulsión político social que se desató en el país por las denuncias de “fraude” en las elecciones presidenciales de esa época.

Ese 10 de noviembre de 2019, horas después de que por un video grabado se conoció la renuncia de Evo Morales y Álvaro García a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y junto a ellos su séquito de ministros y demás autoridades, en la noche, la Policía y el Ministerio Público realizaron un operativo nacional para detener a todos los vocales del OEP. La Fiscalía inició una investigación de oficio y los acusó de ser autores de esas irregularidades y el supuesto “fraude”. Uno de ellos fue, Ávila.

Después de más de un año de proceso con encarcelamientos o detenciones domiciliarias sin derecho al trabajo, en julio de 2021, el fiscal Juan Lanchipa, tras presentar las conclusiones de un informe pericial del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), determinó el sobreseimiento en el caso y liberó de culpa a todos los exvocales.

En esta nueva fase de su carrera, el abogado Ávila se comprometió a trabajar en el marco del equilibrio y fortalecimiento democrático.

“En esta nueva etapa me comprometo a seguir debatiendo abierta y constructivamente todos los consensos y disensos, reconociendo que en la diversidad de opiniones radica nuestra mayor fortaleza”, aseguró Ávila, que estaba acompañado por su esposa Michelle y su hijo Santiago.