Dos asambleístas departamentales de Cochabamba presentaron este martes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional el primer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503, norma firmada por el presidente Rodrigo Paz que dispuso la eliminación de la subvención a los carburantes.
Se trata de Juan Carlos Irahola y Nelly Pinto, quienes se apersonaron ante el TCP para solicitar que se declare la inconstitucionalidad del decreto, al considerar que vulnera disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE).
Irahola explicó que la norma contradice el artículo 410 de la CPE, que establece la supremacía constitucional y prohíbe que cualquier decreto esté por encima de la Carta Magna, más aún —dijo— cuando afecta derechos fundamentales.
“Hemos planteado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 5503 emitido por Rodrigo Paz, porque es contradictorio a la Constitución Política del Estado. El artículo 410 es claro: ningún decreto puede estar por encima de la CPE y menos cuando está lesionando derechos fundamentales y atribuciones”, sostuvo el asambleísta.
El legislador advirtió además que, de mantenerse vigente el decreto, se abriría un precedente que permitiría al Ejecutivo suscribir contratos, ceder recursos naturales a empresas transnacionales o contraer créditos sin la autorización previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cuestionó particularmente el mecanismo de “fast track” previsto en la norma, que —según explicó— faculta al Ejecutivo a avanzar en operaciones financieras si el Legislativo no se pronuncia en un plazo de 30 días, lo que a su juicio contraviene el artículo 322 y otros preceptos constitucionales que exigen la aprobación legislativa.
“Estamos pidiendo al TCP que se pronuncie y deje sin efecto los artículos del decreto 5503 que van en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado”, remarcó.
Ambos asambleístas estuvieron acompañados por el concejal evista Rodolfo Avilés, quien expresó su respaldo a la acción legal contra el decreto 5503, una norma que ha generado el rechazo de algunos sectores sociales, entre ellos la Central Obrera Boliviana, que mantiene movilizaciones en distintos puntos del país.