Exhibidos, incomunicados y con cambios sorpresivos en la imputación de la fiscalía que denota desprolijidad. De ese modo se violaron los derechos de los acusados y así fueron a audiencia cautelar 19 de los 24 cocaleros aprehendidos el martes en la zona de villa El Carmen por la Policía. Algunos familiares aseguran que estudiantes universitarios fueron detenidos al llegar a sus casas.
El miércoles haciendo caso omiso de la recomendación de organismos internacionales, el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo presentó como a delincuentes a los campesinos cocaleros en el Comando de la Policía; desde entonces, las 24 personas presentadas fueron incomunicadas porque las familias no los vieron y la audiencia cautelar es virtual.
Por si fuera poco el fiscal a cargo del caso, Álvaro Siñani Valeriano, tuvo que subsanar su imputación porque el documento original aparentemente fue copiado de otro caso y olvidaron sacar los nombres de los responsables; además corrigió los delitos por los cuales acusa a los cocaleros y agrupa a todos, pese a que en su primer documento, dividía en dos grupos a los campesinos.
Según esta imputación original los responsables son 19 personas a los que se acusaba de allanamiento, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales; pero luego el fiscal dijo que ampliaba con el delito de “asociación delictuosa”, que sería el tercer delito de los campesinos.
En el primer documento los autores eran cinco y los cómplices eran 14, sumando los 19, pero el abogado ahora corrigió y puso a los 19 como autores de los tres delitos. Lo que significa que cambió la imputación cuando esta ya había sido presentada al juez y notificada a la defensa de las personas.
La cuarta corrección del fiscal es la que revela la copia. “Del análisis de las actuaciones policiales, se establece que existen suficientes elementos para generar convicción en el Ministerio Público, respecto a la autoría de los hechos denunciados, siendo con probabilidad FERNANDO DIPS ZOGBI, como autor del delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, señalaba la imputación formal; Fernando Dips es el presidente de la cooperativa de teléfonos en La Paz y aparentemente se copió su caso para aplicar a los cocaleros.
En ese memorial el fiscal afirma que fue un “error involuntario” y pide modificar el texto. Para incrementar las violaciones a los derechos, la fiscalía decidió llevar el caso al distrito de El Alto, aunque los acusados fueron aprehendidos en La Paz. Los afiliados a Adepcoca desplegaron una vigilia en oficinas de la Felcc y por eso decidieron llevar el caso a El Alto.
Las familias de los detenidos están en puertas de la Felcc de El Alto, esperando la conclusión de la audiencia cautelar. Denunciaron que todos están incomunicados y no los dejan recibir a sus familias. El fiscal también cambió su pedido, inicialmente era de “medidas de carácter personal” es decir que pedía detención domiciliaria; pero algo pasó y ahora pide detención preventiva para todos en el penal de San Pedro.
Uno de los familiares en El Alto denunció que su hermano estaba regresando a pie de la universidad ya que no había paso en villa El Carmen para llegar a su casa; la Policía lo acusó de portar explosivos y lo aprehendió, el muchacho ni siquiera es de Los Yungas.