Tras una semana de tensión y un acuerdo que parecía que iba a romperse, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5516 con el objetivo de descomprimir la tensión social generada tras la aprobación del Decreto 5503, pero sin renunciar al núcleo de su política económica orientada a la estabilización fiscal, el ordenamiento del mercado de combustibles y la corrección de distorsiones estructurales heredadas del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La nueva norma entró en vigencia después de ser consensuada con la Central Obrera Bolivia (COB) que respaldó su contenido. En ese sentido, Mario Argollo, secretario ejecutivo de la organización explicó que el proceso derivó en un acuerdo consensuado, construido a partir del diálogo y la participación de distintos sectores.
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La nueva norma abroga formalmente el decreto anterior, pero en los hechos mantiene su columna vertebral económica y añade un paquete ampliado de medidas sociales y redistributivas para proteger a los sectores más vulnerables.
El DS 5516 parte de un diagnóstico severo: una crisis económica, financiera y social de carácter estructural, marcada por el desabastecimiento histórico de combustibles, por el colapso de sistema de subsidios insostenible y un fuerte impacto inflacionario en los costos logísticos y productivos
Bajo ese marco, el Ejecutivo ratificó que la estabilización de precios de los derivados del petróleo es una condición necesaria para recuperar previsibilidad, reducir el contrabando y garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
El núcleo del Decreto 5516 se centra en la determinación de los precios finales para el consumidor de los principales derivados del petróleo. Bajo este nuevo marco legal, los combustibles pasan a regirse por un esquema de estabilización que se apoya en una metodología de ajuste detallada en su reglamento.
Dentro de esta escala, la Gasolina Premium se sitúa en Bs 11,00 por litro, seguida por el Jet Fuel con un costo de Bs 10,74 y la Gasolina de Aviación, fijada en Bs 10,57 por litro.
En cuanto a los combustibles de mayor demanda operativa, el Diésel Oíl alcanza un precio de Bs 9,80 por litro, mientras que la Gasolina Especial se establece en Bs 6,96. Por su parte, otros derivados como el Gas Oíl y el Kerosene presentan costos de Bs 5,69 y Bs 5,64 por litro, respectivamente. Un punto clave de esta normativa es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyo valor se mantiene a Bs22,25
El giro social
La principal diferencia entre el Decreto 5516 y su antecesor está en el refuerzo del componente social. El Gobierno amplía el alcance de la política redistributiva con un paquete de transferencias monetarias directas.
Uno de los anuncios centrales es el incremento del Bono Juancito Pinto, que a partir de la gestión 2026 sube de Bs 200 a Bs 300, como incentivo a la permanencia escolar. A ello se suma un aumento de Bs 150 en la Renta Dignidad para los adultos mayores que no perciben jubilación, medida que busca compensar el impacto del ajuste de precios sobre los ingresos fijos.
Se mantiene el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un esquema de transferencias monetarias temporales dirigidos a familias en situación de mayor vulnerabilidad.
El programa contempla pagos mensuales de Bs 150, con distintos topes anuales según el grupo beneficiario, e incluye a madres que reciben el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y familias con estudiantes del sistema fiscal.
El financiamiento del PEPE provendrá de recursos del Tesoro General de la Nación y de financiamiento externo, con una ejecución a cargo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, bajo un régimen de contratación directa y control posterior.
Otro punto clave es el incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300, lo que representa un aumento del 20% respecto a 2025 y tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2026. El Gobierno presenta esta medida como un mecanismo de protección del poder adquisitivo, en un contexto de ajuste de precios relativos.
Reacciones
El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, destacó el decreto al considerar que descarta el retiro de la subvención a los combustibles —una medida que, según afirmó, estaba “desangrando al país”— y, al mismo tiempo, mantiene los bonos sociales, evitando un mayor impacto en los sectores más vulnerables.
Morales subrayó que el sector agropecuario es uno de los principales generadores de empleo en el departamento y advirtió que un incremento en el precio de los combustibles habría provocado un ajuste inmediato en las hojas de costos. “Eso habría golpeado mucho más a la gente más deprimida”, señaló.
No obstante, indicó que persistían dudas sobre la sostenibilidad económica de estas decisiones, inquietud que —desde su perspectiva— fue despejada tras la firma de un convenio entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla un financiamiento de $us 4.500 millones. Según explicó, estos recursos permitirán que el dinero llegue a municipios, gobernaciones, universidades y a proyectos concurrentes y nuevos, con el objetivo de inyectar liquidez a la economía.
El economista del Centro de Estudios Populi, Carlos Aranda, consideró que el nuevo decreto conserva los pilares centrales de la política de estabilización, aunque deja fuera reformas estructurales relevantes, especialmente aquellas vinculadas a la atracción de inversiones y a cambios impositivos.
Pero aclaró que la lectura política puede ser distinta, ya que quedaron fuera medidas que eran importantes para mejorar el clima de inversión, como reformas arancelarias, tributarias y vinculadas a la gestión de recursos naturales.
Uno de los puntos más cuestionados por Aranda es el aumento del salario mínimo en 21%.
Si bien reconoce que busca compensar la inflación de 2025, cercana al 20%, advierte que no puede ser el único criterio, ya que no todos los sectores tienen la misma realidad y algunos, como la construcción, se han contraído fuertemente.