El nombre de Yuvinka debería perseguir al sistema político boliviano cada vez que habla de derechos, protección o futuro. Tenía ocho años. Fue violada, golpeada, asfixiada y abandonada entre la maleza, a pocos metros de su casa, en el barrio Divino Niño, en el municipio de La Guardia. Estuvo desaparecida tres días. Tres días sin protección efectiva, sin respuestas oportunas, sin un Estado capaz de cumplir su función mínima: cuidar la vida de una niña.
Su asesinato, el primero por infanticidio registrado en Santa Cruz en 2026, no es un hecho aislado ni una tragedia inexplicable. Es el resultado de un sistema que llega tarde, que reacciona cuando el daño ya es irreversible y que confunde justicia con declaraciones públicas. La Fiscalía anuncia investigaciones, la Policía despliega operativos, las autoridades prometen sanciones ejemplares. Pero la pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿por qué el Estado nunca llega antes?
Los datos oficiales desnudan la magnitud del problema. En 2025, Bolivia cerró con 29 casos de infanticidio, según reportes del Ministerio Público. La mayoría de las víctimas murió por golpes, asfixia o intoxicación. Cochabamba, La Paz y Santa Cruz concentraron los casos. Agosto fue el mes más violento. No son números para el archivo: son señales claras de una violencia estructural que se repite año tras año sin que existan políticas de prevención eficaces.
Yuvinka no murió en un vacío institucional. Murió en un país donde las alertas tempranas fallan, donde las denuncias no activan respuestas inmediatas y donde la protección de la niñez depende más del esfuerzo familiar que de una política pública sólida. Murió en un entorno donde, según testimonios recabados por la Fiscalía, un adulto pudo interceptarla, reducirla y desaparecerla sin que nadie lo impidiera. Ese es el verdadero fracaso del Estado.
La vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes no termina en el crimen extremo. Un reporte de UNICEF revela que más de la mitad de los adolescentes en Bolivia se siente poco o nada segura en su barrio; cuatro de cada diez no se sienten protegidos en la escuela, y dos de cada diez no se sienten seguros ni siquiera en su propio hogar. Cuando la casa, la escuela y la comunidad dejan de ser espacios de cuidado, la violencia deja de ser una excepción.
A este escenario se suma otra amenaza persistente y silenciosa: el embarazo adolescente. Aunque las tasas han disminuido en la última década, la realidad sigue siendo alarmante. Una de cada seis adolescentes entre 15 y 19 años ya es madre o está embarazada. Detrás de esa cifra hay carencias estructurales: falta de información, servicios de salud insuficientes, acceso desigual a métodos anticonceptivos y una preocupante tolerancia social frente a la vulneración de derechos.
Pero hay una verdad incómoda que explica la inercia política: niños, niñas y adolescentes representan cerca del 30% de la población boliviana, pero no votan. No definen elecciones, no mueven encuestas, no condicionan campañas. Por eso están ausentes de los planes de gobierno y relegados a discursos conmemorativos. El largo proceso electoral del año pasado lo evidenció con crudeza. De cara a las próximas elecciones autonómicas, el silencio vuelve a ser la norma.
Yuvinka no puede convertirse en una cifra más. Su muerte interpela directamente al Estado y al sistema político. No bastan condolencias ni promesas. Sin prevención real, sin protección efectiva y sin justicia oportuna, la infancia seguirá pagando el precio más alto. Un país que no cuida a sus niños no tiene futuro. Y cada vez que el Estado mira a otro lado, la niñez vuelve a quedar sola.