Muchos hechos, muchas actividades, se van repitiendo en el tiempo y se pierde el verdadero sentido de los mismos, porque la repetición sin solución de continuidad, nos imponen como verdades absolutas y que se van aceptando como normales, corrientes y lo que es peor, legales.
En los últimos días estamos asistiendo a hechos judiciales que se han ido transmitiendo como si se trataran de actividades deportivas, en un relato de minuto a minuto, lo que se espera y lo que se consigue, desvirtuando el tremendo contenido de ilegalidad, injusticia y daño moral que esos hechos tienen.
La historia boliviana, para no ir muy atrás, después de la revolución nacional del 52, el partido de gobierno a todo opositor o quien piense diferente, lo catalogaban de enemigo del régimen y le privaban de libertad; se crearon campos de concentración en Corocoro y Curahuara de Carangas donde a todos esos enemigos del régimen, los recluían en las peores condiciones que se podían prever, pero eran considerados presos políticos. Su liberación se obtenía bajo el concepto de amnistía, sin absurdos trámites legales forzados, como el invento de someter a quien piensa diferente a la tortura de unas acciones judiciales, con engorrosos trámites burocráticos, con la abierta y directa complicidad de jueces y funcionarios, que además asumen su rol de dioses, que tendrán que estar en algún momento en el 7mo. nivel del infierno de Dante.
Debemos empezar aclarando que, en los casos presentados en los últimos 20 años, a quienes se apresaba no se trataban de delincuentes comunes, son presos políticos y consiguientemente, no se los puede encasillar en aspectos procedimentales propios de delitos comunes.
El gobierno de turno para disfrazar la ilegalidad y la torpeza en la que incurre al apresar opositores, a sus enemigos políticos, los enjuician como si se trataran de delincuentes comunes, forzando conductas para poder encasillarlas en las normas del Código Penal y así conseguir darle un velo de legalidad a la privación de libertad, ya de por si ilegal, por tratarse de personas a quienes el gobierno deseara eliminarlas y como no puede, así quisiese, físicamente, entonces unos sabios profesionales del derecho, porque su título así lo muestra pero sus actos no, buscan las figuras legales para que esas personas -previamente elegidas- puedan ser sometidas a arrestos, a privación de libertad y, mejor si es con show, para ser trasladas a cárceles (en nuestro país todas son inmundas) donde se les da un trato inhumano, con la expresa instrucción superior de que se les debe humillar y hacerles sentir que deben arrepentirse de haber enfrentado al omnipresente gobierno o por lo menos a uno de sus jerarcas.
Independientemente de si tiene o no simpatía por esas personas injustamente privadas de libertad, la gente reniega, se molesta y algunas veces reclama por esas detenciones, pero aceptan tácitamente de que están privadas de libertad, porque las autoridades les han encasillada en figuras penales, que deben ser castigadas.
Así, estamos aceptando en los últimos tiempos estas figuras, pero, aquí si corresponde el uso de esta conjunción adversativa, no se trata de delincuentes comunes, son presos políticos y esta figura es conceptual total y absolutamente diferente en todo. Las diferentes organizaciones mundiales, saben y conocen que existen presos políticos, e incluso, hay normas mínimas para el respeto, cuidado y evitar la vejación y el abuso, que pueden generar, en caso de que se incurran en las mismas, responsabilidades que sí se convierten en penales, para aquellas autoridades abusivas que lo hicieron.
Empecemos a decir lo que es y no caer en el disfraz pretendido por los abusivos que detentan momentáneamente el poder.