Inicia el sexto mes del año con un panorama gris en varios aspectos. El principal punto de preocupación es la situación económica del país que, más allá del repetido discurso oficial de tener una baja tasa de inflación, muestra signos evidentes de debilidad.
A estas alturas, es innegable el incremento de precios en varios productos de la canasta familiar; la escasez de dólares está acarreando serias consecuencias para importadores, exportadores y en general para el sector productivo público y privado. Finalmente, también persiste la incertidumbre sobre el abastecimiento regular de carburantes. En el aspecto político, las perspectivas tampoco son halagüeñas. La disputa masista por la candidatura presidencial para 2025 ha llevado a una parálisis del Órgano Legislativo; el vicepresidente del Estado ha asumido una actitud pasiva e históricamente inaceptable, pero parece que a David Choquehuanca nada le perturba ni le preocupa. Las elecciones judiciales siguen paralizadas al igual que la aprobación de créditos que tanto exige el presidente Luis Arce Catacora. Este mes será decisivo para definir la suerte del Movimiento Al Socialismo y conscientes de ello, tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora se preparan para sacar todas las cartas de su baraja. Tienen al frente a un Tribunal Supremo Electoral obligado a actuar en estricto apego a la ley y a demostrar que es capaz de soportar fuertes presiones. El futuro del próximo proceso electoral dependerá en gran medida de la conducta que observen Oscar Hassenteufel y los demás vocales. ¿Bloqueos? Por supuesto que sí. Forman parte del menú diario. De hecho, la semana comienza con una movilización del transporte pesado y con seguridad que en los días venideros otros sectores encontrarán motivos para bloquear las carreteras y estrangular, aún más, la economía boliviana. Al margen de las inciertas elecciones judiciales, en los siguientes meses del año, la agenda pública se pondrá intensa. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadísticas debe anunciar los primeros datos sobre la población en los departamentos, cifras que constituirán parámetro para la reasignación de recursos públicos a gobernaciones y alcaldías, y para la redistribución de escaños parlamentarios. Demás está decir que estos temas provocarán todo tipo de pugnas políticas y regionales que ahondarán la polarización y fragmentación de la sociedad. Al Gobierno le quedan 17 meses de gestión. Le haría mucho bien tener más apertura y honrar sus compromisos con el sector privado; entender que se debe gobernar para todos y que la negación de los problemas es el camino equivocado. Es demasiado riesgoso mantener la pulseta y apostar solo por la descalificación del otro, sea político, empresario, activista o ciudadano de a pie. Por ello es imperativo que tanto los líderes políticos como la sociedad en general se esfuercen por buscar el diálogo y la reconciliación. Es urgente que el Gobierno se abra a escuchar a todos sus interlocutores. La polarización y la violencia solo sirven para debilitar las bases democráticas y dificultar el progreso del país. Es necesario fomentar espacios de encuentro donde las diferentes voces y perspectivas puedan ser escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.