Santa Cruz de la Sierra, símbolo de pujanza económica y modernización en Bolivia, atraviesa una de sus etapas más oscuras. La violencia criminal, antes marginal y aislada, se ha consolidado como una amenaza estructural que atenta contra la seguridad, la estabilidad y la esperanza de más de dos millones de ciudadanos.
En lo que va del año, los crímenes violentos se han multiplicado con frecuencia alarmante: ejecuciones al estilo sicariato, enfrentamientos entre bandas, secuestros y extorsiones que tienen como trasfondo la expansión del narcotráfico y la penetración del crimen organizado transnacional. Entre esos crímenes, el más reciente es el de una mujer librecambista asesinada por un par de gatilleros para quedarse con el capital de su víctima, producto del trabajo de toda una vida, y herir a otra que estaba en el lugar del sangriento hecho.
Pero ya no se trata solo de delitos comunes. La capital cruceña enfrenta una mutación de su estructura delictiva. Grupos armados y organizados, algunos con vínculos con mafias extranjeras —especialmente brasileñas y paraguayas— han echado raíces en barrios periféricos, zonas rurales y hasta en centros urbanos. La ruta de la droga, que históricamente pasaba por el oriente boliviano rumbo a Brasil y Europa, ha hecho de la región un enclave estratégico para el tráfico internacional. Y donde hay rutas de droga, hay también violencia, corrupción y muerte.
Las cifras no mienten. Según informes de la Policía y organizaciones de la sociedad civil, Santa Cruz ha concentrado más del 60% de los homicidios violentos del país en los últimos meses. Uno de los factores más preocupantes es la normalización del miedo. Muchos cruceños evitan salir por las noches, desconfían de la Policía y también de la justicia, sometida y manipulada. La falta de presencia estatal efectiva -tanto en seguridad como en justicia- ha abierto espacios para que el crimen imponga sus propias reglas. En este contexto, el ciudadano común se encuentra atrapado entre el abandono institucional y la violencia criminal.
A esta situación se suma la precariedad en las políticas públicas de seguridad. No existe un plan integral ni a corto ni a largo plazo que articule prevención, inteligencia, control territorial y reinserción social. Las acciones son fragmentadas, reactivas y, muchas veces, motivadas por presiones mediáticas más que por un diagnóstico profundo de la realidad.
La Policía, desbordada y mal equipada, actúa como un cuerpo de contención más que como una fuerza capaz de recuperar el control de los territorios. Y el sistema judicial, corroído por la corrupción y la impunidad, se ha convertido en un eslabón débil que favorece la reincidencia y el fortalecimiento de las mafias.
No obstante, aún hay margen para actuar. La experiencia de otras ciudades latinoamericanas demuestra que, con voluntad política, coordinación interinstitucional y participación ciudadana, es posible revertir la espiral de violencia. Santa Cruz de la Sierra necesita con urgencia un pacto por la seguridad: un acuerdo multisectorial que integre al gobierno central, la gobernación, los municipios, la sociedad civil, las fuerzas del orden y la cooperación internacional. Solo así se podrá construir una estrategia integral, sostenida y con resultados medibles.
La ciudad no puede resignarse a vivir bajo la sombra del crimen. Esta crisis debe ser un punto de inflexión. O enfrentamos el problema con valentía y decisión, o permitimos que la urbe más dinámica de Bolivia se convierta en un epicentro del terror y la desesperanza. El tiempo para actuar es ahora.