Santa Cruz conmemoró sus 215 años del grito libertario con un aire de deslucimiento que no debería acompañar a una fecha tan significativa. La jornada cívica, que debería unir a las autoridades y reforzar el compromiso con los valores republicanos, quedó opacada por la inadmisible conducta de quienes deberían dar ejemplo: el gobernador Luis Fernando Camacho y el alcalde Jhonny Fernández. Lo ocurrido no solo revela frivolidad, sino una peligrosa indiferencia hacia la investidura que ambos ostentan.
El gobernador Camacho, primera autoridad política del departamento, decidió marginarse de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental, un acto que representa la memoria y la dignidad de la historia cruceña. Su ausencia fue tan notoria como injustificable. En cambio, eligió asistir al acto del Órgano Judicial, donde no solo saludó a jueces y fiscales, sino que se entregó a bailar con ellos en un espectáculo impropio para un escenario institucional. ¿Es esa la investidura que se espera de quien encarna la representación del pueblo cruceño? La tolerancia entre poderes y la relación institucional son principios democráticos, pero de ahí a convertir la solemnidad en una fiesta personal hay un abismo. Camacho sigue teniendo procesos pendientes, y precisamente por ello, cualquier gesto que pueda interpretarse como exceso de confianza resulta dañino para la credibilidad institucional.
El gobernador renunció a estar en el acto central de la efeméride departamental, el espacio que congrega a todas las fuerzas políticas en torno a la historia común de Santa Cruz. Prefirió la evasión y el espectáculo. Esa conducta le resta altura política y lo aleja de la solemnidad que su investidura demanda. Gobernar no es bailar frente a las cámaras; es asumir con responsabilidad los símbolos y las obligaciones que conlleva el cargo.
Peor aún fue la conducta del alcalde Jhonny Fernández, quien en este tiempo ha dado sobradas muestras de desdén por la institucionalidad. Alejado del Concejo Municipal, al que debería respetar y fortalecer, en mayo optó por enviar grupos de choque para impedir que se elija una directiva no alineada con sus intereses. Esa actitud no solo es reprochable, es violenta y atenta contra la democracia local. Como si no bastara, Fernández no tuvo la ética mínima de pedir licencia mientras se embarcaba en su fracasada candidatura presidencial. Prefirió servirse del cargo para fines personales, quitándole tiempo y trabajo a una ciudad que exige dedicación exclusiva.
Ambos episodios ilustran una misma enfermedad: autoridades que olvidan que no son dueños de la investidura, sino servidores del pueblo. Camacho y Fernández han demostrado que entienden el poder como un escenario para alimentar egos y servirse de la institucionalidad según su conveniencia. Mientras tanto, los ciudadanos asisten a un espectáculo degradante, en el que la fecha cívica más importante del departamento queda relegada a un segundo plano.
El aniversario de Santa Cruz no merece quedar empañado por la irresponsabilidad de sus autoridades. El pueblo cruceño, que ha construido con esfuerzo y sacrificio su liderazgo económico y social, tiene derecho a exigir más. Gobernar es un honor y una responsabilidad, no una licencia para la frivolidad ni un campo de batalla por intereses personales. El civismo reclama líderes que estén a la altura, que entiendan que la política es servicio y no espectáculo.
Santa Cruz no puede permitirse que sus símbolos y su memoria histórica se pierdan en medio de bailes improvisados o maniobras mezquinas. La grandeza de la región exige autoridades que honren la confianza ciudadana y actúen con la altura que demanda la investidura. Esa es la reflexión ineludible que deja este 215 aniversario: el pueblo merece respeto, y quienes hoy ejercen el poder parecen haberlo olvidado.