Santa Cruz se ha convertido en el escenario más descarnado de la expansión del narcotráfico en Bolivia. Lo que antes eran rumores de avionetas sospechosas y vehículos de lujo entrando y saliendo de hangares hoy se traduce en escenas propias de un territorio capturado por mafias: emboscadas a la Policía, cuerpos desaparecidos, asesinatos impunes y caletas utilizadas para almacenar droga. La violencia criminal ya no se oculta, sino que desafía de frente al Estado y a la sociedad.
Los hechos de los últimos días no dejan lugar a dudas. En Warnes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico halló cinco caletas escondidas en un hangar de la comunidad El Coloradillo. No se trataba de improvisados escondites, sino de compartimientos subterráneos, protegidos con bolsas plásticas, presumiblemente destinados a almacenar cocaína en grandes cantidades. Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron recibidos a balazos por un grupo armado que no solo repelió la operación, sino que despojó de sus armas a los uniformados. La osadía de esta emboscada, que obligó a pedir refuerzos aéreos y terrestres, demuestra que los grupos criminales se sienten seguros, operan con logística militar y no temen enfrentarse al Estado.
La desaparición de Lorgio Saucedo es otro capítulo revelador. Con 52 antecedentes penales a cuestas, su nombre estaba ligado a delitos que iban desde estafas hasta tráfico de armas. Su vagoneta fue encontrada calcinada en Colpa Bélgica, y uno de los implicados, Yerko Iriarte, confesó haberlo asesinado y trasladado su cuerpo a Warnes. La Fiscalía sospecha que detrás de este crimen se esconde un volteo de 450 kilos de droga. Este episodio conecta con otros asesinatos recientes en Santa Cruz, como los de Leonardo Vaca Díez y Harold Méndez, configurando un patrón de ajustes de cuentas propios de organizaciones criminales asentadas en la región.
Estos hechos se suman a una cadena de episodios igualmente graves: la ejecución de tres extranjeros vinculados a la mafia balcánica, dos secuestros que siguen sin resolverse y el acribillamiento de dos personas hace apenas unos días. No se trata de hechos aislados, sino de un entramado criminal que utiliza a Santa Cruz como plataforma de operaciones, lavadero de dinero y escenario de ajustes sangrientos.
El narcotráfico no crece en el vacío: se expande porque encuentra rutas aéreas sin control, fronteras porosas, sistemas judiciales corruptos y autoridades locales y nacionales más interesadas en el cálculo político que en enfrentar de verdad a este monstruo. La complicidad —por acción o por omisión— es la antesala de la impunidad.
La sociedad cruceña asiste a un deterioro acelerado de su seguridad y de su tejido social. Cada hangar con avionetas, cada caleta descubierta y cada cuerpo desaparecido son señales de alerta que ya no pueden relativizarse. El narcotráfico no solo trafica con cocaína; trafica con vidas, con la confianza ciudadana y con la estabilidad democrática del país.
Es hora de dejar de mirar a otro lado. Bolivia necesita una estrategia integral, transparente y valiente contra el narcotráfico. No bastan los operativos aislados ni las declaraciones oficiales. Se requieren instituciones judiciales limpias, fuerzas del orden equipadas y respaldadas, y un compromiso real del poder político que devuelva a la ciudadanía la certeza de que el Estado aún existe para protegerla.
El narcotráfico es una amenaza existencial para la democracia. Ignorarlo, minimizarlo o maquillarlo es condenar a la sociedad a convivir con la violencia y la impunidad. Santa Cruz merece un futuro distinto, y ese futuro solo será posible si el Estado asume con coraje la responsabilidad de recuperar el control del territorio y restablecer la confianza de la gente en la justicia y la seguridad.