El bloqueo de carreteras es un método perverso de protestas introducido a finales de la década de los 90 por los productores de la hoja de coca del Trópico de Cochabamba. Esa forma de lucha social se extendió por el país impulsada por el eterno líder cocalero de Chapare y expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la mayoría de las veces para imponer consignas y posiciones políticas que lo favorezcan en perjuicio de la gran mayoría de los bolivianos.
El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales. El ejercicio de este derecho implica el respeto al orden público e impedir que se violenten los derechos de otros ciudadanos. Sin embargo, con los bloqueos de carretera ocurre exactamente lo contrario. Los manifestantes obstruyen la libre locomoción de las personas, impiden el transporte de alimentos, prohíben la distribución de medicinas, provocan el encarecimiento de los productos y ocasionan pérdidas millonarias al país. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que en el 2024 en Bolivia se produjeron 121 bloqueos de caminos entre los meses de enero y septiembre. De acuerdo con los registros, ese mismo año el país perdió más de $us 2.000 millones por 24 días de corte de carreteras, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre.
Además de las pérdidas económicas, muchas veces estos hechos violentos dejan luto y dolor en la sociedad, como sucedió en junio del año pasado cuando los afines a Evo Morales fueron acusados de emboscar y asesinar a cuatro efectivos de la Policía durante una manifestación en una localidad próxima a la zona minera de Llallagua, en el departamento de Potosí. Los seguidores del expresidente exigían la inscripción de la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2025, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional había ratificado su inhabilitación.
En las movilizaciones violentas incluían algunas demandas legítimas de la población, como la escasez de combustibles, el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la falta de dólares con el fin de ocultar los verdaderos intereses y caprichos personales del expresidente y eterno aspirante a ocupar la jefatura de Estado.
Una situación similar ocurre actualmente. Dirigentes de la debilitada y desprestigiada Central Obrera Boliviana ingresaron a su tercera semana de protestas y desde este lunes asumieron la medida de bloqueos de carreteras en protesta por el Decreto Supremo 5503, que elimina los subsidios a los hidrocarburos, entre otras medidas económicas, que permite un ahorro de más de $us 3.000 millones anuales al Estado por la importación de diésel y gasolina.
La cúpula de la COB, conformada en su mayoría por mineros asalariados, aduce que está en las calles en defensa del “bolsillo” de la clase trabajadora. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes perciben sueldos que superan los Bs 30.000 al mes, mientras que en Santa Cruz la marcha realizada este lunes por la Central Obrera Departamental estuvo liderada por sindicalistas de la estatal petrolera YPFB, que se encuentran declarados en “comisión” desde hace más de tres años.
La mayoría de los bolivianos rechazan a los sectores sociales que insisten en mantener a Bolivia como un país inviable, como un Estado tranca.