La imagen de miles de garrafas aplastadas y, metódicamente, colocadas una encima de otra, en un ‘cementerio de garrafas’ es una elocuente metáfora del colapso en que ha caído el actual modelo económico. Viejas y desgastadas, estas miles de garrafas de gas han cumplido su ciclo de vida. Están tan deterioradas que, mantenerlas en circulación para el uso de las familias supondría un peligro alarmante.
En los últimos 20 años, la falta de reposición de estas garrafas retiradas de circulación, más de 1.5 millones, ha reducido la capacidad de operación de las distribuidoras de gas a solo un 15% de su capacidad. Con un margen de operación tan bajo, las consecuencias repercuten de manera directa en las familias bolivianas.
Solo en el área urbana de Santa Cruz, alrededor del 70% de los hogares depende del GLP para cocinar sus alimentos, revelan los estudios de la Cámara Departamental de Distribución de GLP. La escasez de oferta provoca las largas filas en las distribuidoras para poder abastecerse de un bien que es imprescindible para el bienestar de millones de familias. La espera por conseguir la garrafa a Bs 22,50 es larga. Como en tantos otros productos, donde se percibe la intervención del Estado, aparece ya un mercado paralelo que acumula estas garrafas para ofertarlas a precios superiores a los Bs 50 o Bs 80.
Desde la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, Fernando Segovia, presidente de la institución, considera que el desequilibrio histórico en el sistema de reposición y reparación de garrafas, administrado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la causa principal del desabastecimiento. También alude a la intervención del Estado para congelar los precios, tanto de la garrafa de gas como de la reposición de las mismas, lo que desincentiva a las empresas.
La escasez de garrafas es un problema recurrente. Pasa con el combustible, con los dólares, con el arroz o la harina, y con tantos otros productos más que necesarios para el día a día de la familia boliviana. El modelo económico impulsado desde el Movimiento Al Socialismo ha colapsado. El proyecto intervencionista que ha impulsado durante sus casi 20 años de gestión deja una secuela complicada para el próximo gobernante.
Empeñados en ahogar los emprendimientos privados han buscado uno y mil mecanismos para castigar a los sectores productivos. Incluso, este sentido persecutorio que ha caracterizado al MAS, no ha temblado al momento de criminalizar la actividad privada.
Para sostener un modelo intervencionista, el MAS no dudó en recurrir a sus círculos más íntimos y beneficiarlos de manera directa con una economía de Estado marcada por la ineficiencia, la corrupción y la impunidad. Prueba de ello es el caso Botrading, actualmente investigado por la justicia, o la ineficiencia de Emapa que acumuló más denuncias de corrupción que provisiones de arroz.
La falta de compromiso con la población, se revelan en las palabras del ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, cuando afirmó despreocupadamente que, como Ejecutivo, solo garantiza el combustible hasta el 8 de noviembre, día en que dejarán de ser Gobierno. Luego, agregó, será problema de un nuevo Gobierno.
La crisis energética que anticipan los expertos se convertirá en una de las muchas urgencias que deberá asumir el nuevo presidente de Bolivia. No solo tendrá que reponer las garrafas, garantizar el combustible o concretar un flujo regular de harina. El gran reto pasará por abrir el candado del intervencionismo estatal y recuperar la confianza de los privados para que retomen la actividad productiva. El costo, esperemos, no recaiga directamente en la familia boliviana.