Lorenzo Gabriel Dávalos Baigorria
Últimamente se ha abierto en Bolivia una polémica profunda alrededor de las primeras medidas que deberían adoptarse por el futuro presidente para enfrentar la grave crisis económica que padece nuestro país. Especialmente se ha discutido la validez de un proyecto presentado por la sociedad en sus diferentes sectores agrupados en el Comité Multisectorial denominado “Punto de partida para la reconstrucción de la economía boliviana”.
Se trata de un extenso y minucioso proyecto, emitido en los términos de todos los actores de la economía, por el cual se dispone la derogación o modificación de una gran cantidad de leyes vigentes y la eliminación de más de 100 marcos regulatorios de diversas actividades, tanto tributarias como laborales.
El sentido del proyecto es claro: apunta a iniciar rápidamente una transformación de la estructura económica que ha sido distorsionada a lo largo de las últimas dos décadas por el saliente gobierno masista, hasta llegar a este punto en el cual el país se encuentra al borde de caer en un espiral inflacionario, con un alto porcentaje de la población en situación de pobreza y la producción paralizada.
El diagnóstico se lo ha expresado claramente una y otra vez durante las campañas presidenciales y aun con mayor fuerza en esta segunda vuelta. Los actores económicos y de producción, más que preocupados, realizan un clamor por cambios profundos expresados por la ciudadanía. Dentro de la misma línea, la situación de crisis económica excepcional, producida por el sobredimensionamiento del tamaño del Estado, que llevó primero al endeudamiento y luego a la emisión de billetes de forma indiscriminada, ha sido reconocida por especialistas y políticos, y explicada con claridad en los considerandos iniciales del proyecto.
El problema no es meramente coyuntural, se trata de años, décadas, de políticas estatistas, planificadoras, que asfixiaron el proceso económico en franca violación de los derechos reconocidos por la Constitución del país. Es como un automóvil avanzando a toda velocidad hacia un muro de concreto, que necesita urgentemente modificar su dirección para evitar la catástrofe. Ya hemos vivido la experiencia. La diferencia entre una inflación sostenida y una hiperinflación como la del 85, que elimina por completo el valor del dinero, es un salto que se produce con rapidez, y las consecuencias son letales, especialmente en un país que ya acumula las consecuencias del estatismo en término de niveles de pobreza, falta de trabajo y de inversión.
En definitiva, luego de muchos años, se puede dar una solución. La gravedad de la crisis exige que los legisladores asuman sus responsabilidades y que lo hagan no de un modo meramente declamatorio, sino sabiendo que lo que decidan o no decidan sobre este tema tendrá consecuencias dramáticas para el futuro del país. Esperemos que el gobierno electo tome en cuenta el proyecto presentado por sectores que de manera espontánea y a nivel nacional lograron plasmar ideas para cambiar el rumbo de país.