Todo sistema político se fundamenta en un conjunto de reglas y procedimientos que, si bien son construcciones sociales, adquieren un estatus de certidumbre para la ciudadanía. En el contexto boliviano el cisma político del año 2019 instaló un precedente crítico en la memoria histórica en torno a la defensa de los derechos ciudadanos. En consecuencia, cualquier acción que contemple la alteración de las reglas —particularmente en lo referente a una segunda vuelta— se transforma en un problema político altamente sensible. Dicha eventualidad es decodificada por la sociedad civil no como un ajuste administrativo, una chicanería o un artificio propiamente político, sino, como la potencial reactivación de una crisis general del sistema, reactivando mecanismos de respuesta social análogos a los observados el 2019.
El primer efecto observable si eventualmente se intentara alterar el curso del proceso electoral por cualquier vía, directa o indirecta, tendría como consecuencia una erosión acelerada de la legitimidad del gobierno producto de esa maniobra. Debe considerarse que la legitimidad de un gobierno emana directamente de la percepción pública sobre la integridad del proceso electoral que le dio origen. La manipulación de sus fases o resultados contaminaría esta fuente condenando a cualquier autoridad resultante a una precariedad estructural, desprovista del capital simbólico necesario para gobernar.
Los eventos del 2019 no solo constituyeron una coyuntura de protesta, sino que funcionaron como un proceso pedagógico masivo que validó y popularizó un conjunto de tácticas de movilización (vigilias, bloqueos ciudadanos, cabildos). Estos repertorios no desaparecieron con la resolución de la crisis, sino que, permanecen en un estado de latencia dentro del imaginario social, y constituyen un verdadero arsenal social y político que no requiere mecanismos especializados. Ante un eventual intento antidemocrático, es altamente probable que su reactivación casi instintiva sea inminente, derivando en un alzamiento ciudadano como el que derrocó a Evo Morales.
Un tercer riesgo sistémico emerge del vacío de poder y la anomia institucional que una crisis de esta naturaleza tiende a generar. En condiciones de alta incertidumbre y polarización social como las actuales, emergen demandas de soluciones inmediatas que, con facilidad se traducen en regímenes “duros”, bajo el mando de liderazgos mesiánicos que pretenden reconstituir el orden social y político al margen de los contrapesos institucionales. Se produce así una peligrosa paradoja en la que sectores importantes de la ciudadanía avalan el desmantelamiento del orden democrático formal.
Creo que una eventual alteración del proceso electoral en Bolivia no debe ser analizado como un evento de segundo orden, sino, como un potencial catalizador de una súbita proliferación de graves conflictos sistémicos e incluso, el detonante de un brote de violencia sin prescendentes que combina factores ideológicos, sociales y étnicos de gran peligrosidad. La erosión de la legitimidad, la reactivación de la protesta, el surgimiento de opciones autoritarias y la degradación del capital social son consecuencias interconectadas que amenazan la estabilidad democrática en su conjunto.
Estoy seguro de que pocos en Bolivia desearán alterar el orden democrático y viabilizar fuerzas autoritarias, empero, tomar conciencia de esos peligros es el primer paso de su prevención, por consiguiente, el respeto irrestricto de las reglas de juego democráticas constituye el principal factor de contención de riesgos para evitar la repetición de una crisis sociopolítica de gran magnitud.